Las pruebas que jaquean la Causa Cuadernos y la ponen al borde del derrumbe

La posible caída en desgracia de Bacigalupo, testigo principal, por haber adulterado las pruebas. Los pedidos de varios empresarios para que pase al fuero electoral. La situación de Centeno.
El Tribunal Oral Federal (TOF) número siete, que tiene asignada la realización del debate por la Causa Cuadernos, le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que le explique de qué se trata el expediente en el que la semana pasada mandó a allanar al expolicía Jorge Bacigalupo, el amigo del chofer y exmilitar Oscar Centeno.
Martínez de Giorgi instruye una denuncia del empresario Armando Loson, quien sostiene que los cuadernos fueron adulterados. Efectivamente fue así: el juez ordenó un peritaje a la División Scopometría de la Policía Federal y constató tachaduras, sobre escrituras, enmiendas, líquido corrector y varios etcéteras más. Tiempo publicó la información el lunes pasado. Martínez de Giorgi sospecha que Bacigalupo pudo haber sido el responsable de esas irregularidades en los cuadernos, lo que complicaría su situación frente a la Justicia. Bacigalupo es uno de los testigos estrella de cara al juicio oral, sea para validar todo lo oscuro del hallazgo de los cuadernos, sea para negar una operación de inteligencia en torno a ellos.

Una caída en desgracia de Bacigalupo sería un infarto agudo en el corazón de la Causa Cuadernos.

Y ya hay gente que se está poniendo nerviosa.

La Causa Cuadernos entró en un pantanal. Su futuro es una incógnita y quienes daban por seguro que allí estaría la estocada final para una sepultura con la que sueñan desde hace mucho, aparecen preocupados por la posibilidad –cierta- de un estruendoso derrumbe.

Tres obstáculos difíciles de sortear ponen en jaque al expediente:

– Las irregularidades y adulteraciones comprobadas en el principal elemento de prueba.

– Los pedidos para que la Justicia Electoral desplace a la penal, en vísperas del juicio oral.

– Las situaciones del chofer Centeno –quien mintió cuando tenía obligación de decir la verdad (por el régimen del arrepentido)- y de su examigo Bacigalupo.

En medio de ese tembladeral irrumpió con vehemencia la fiscal que intervendrá en el juicio oral, cuando se haga. Se trata de Fabiana León, designada en el cargo por Cristina Fernández de Kirchner pero, según el propio kirchnerismo, una furiosa anti K.

En los últimos días emitió dos dictámenes beligerantes. Por un lado, se opuso a un pedido de los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero y Ángel Jorge Antonio Calcaterra, quienes pidieron que el Tribunal Oral se inhiba de juzgarlos. Calcaterra es el primo del expresidente Mauricio Macri.

En el otro dictamen, la fiscal se quejó porque la causa en la que fue allanado Bacigalupo podría arruinar la validez de los cuadernos como prueba y porque Loson es acusado ante el tribunal oral y víctima ante el juez Martínez de Giorgi.

“Todo nuestro sistema jurídico se hallaría desnaturalizado si cada uno de los imputados en un caso presentara su propia hipótesis ante un nuevo Tribunal y desde allí se otorgue (sic) una interpretación distinta de ese mismo suceso”. Más aún: sostuvo que “es necesario comenzar a poner un coto a la pretensión de recurrir al beneplácito de actores externos al proceso”, en una tácita alusión a Martínez de Giorgi. En ese contexto reclamó que Loson “debe ensayar su tesis en el ámbito en que la Ley adecua”, que no es otro que el juicio oral en el que ella será la acusadora.

Y, ante la posibilidad de que el juicio oral se celebre el 34 de brumario de 2099 (o cuando el oportunismo político alinee a los planetas), exigió “rápidamente avanzar con el ofrecimiento de prueba, de modo que las partes desarrollen aquí, ante vuestro Tribunal, que es el natural, su estrategia y su defensa”. Y que ello ocurra “en forma URGENTE” (así, con mayúsculas).

A diferencia de otros empresarios (Loson incluido), Calcaterra no pasó ni un minuto detenido. Cuando estalló la causa se presentó espontáneamente. Admitió pagos irregulares a funcionarios públicos, pero afirmó que habían sido aportes para las campañas electorales del entonces Frente para la Victoria en los comicios de 2013 y 2015.

Calcaterra y Sánchez Caballero, ambos de la empresa IECSA –históricamente vinculada con los Macri- pidieron que los juzgue María Servini, en su carácter de jueza electoral. La fiscal León bramó en un escrito rechazando el pedido.

El planteo tiene un antecedente a su favor. El empresario Eduardo Hugo Eurnekian Antranik también reclamó que, como sus aportes reconocidos habían sido para financiar la campaña electoral del kirchnerismo, correspondía que lo juzgara la Justicia Electoral. Cuando la causa tramitaba ante Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, se lo concedieron y finalmente terminó sobreseído por Servini. Ese fallo está firme.

Por si no quedó claro: un imputado en la Causa Cuadernos consiguió que su caso saliera de la órbita penal y pasara a la electoral y allí zafó de todo.

Otros dos empresarios recorrieron un camino similar: Manuel Santos Uribelarrea y Alejandro Ivanissevich. Ambos estuvieron (¿estuvieron?) relacionados con la explotación de parques eólicos, una de las causas por presunta corrupción que parecía salpicar a Macri y que tiene tanto movimiento como una estatua.

¿Por qué Sánchez Caballero y Calcaterra piden el fuero electoral ahora y no lo hicieron antes? Según explicaron, porque “la etapa de instrucción en la causa se caracterizó por la ausencia de respuestas a los reclamos que se involucraron en su defensa. No hubo valoración de los reclamos ni tratamiento de las defensas interpuestas ante el órgano jurisdiccional”, Bonadio y la Cámara Federal, como instancia revisora.

Servini pidió la inhibitoria del TOF 7, pero ello difícilmente ocurra. Ante un eventual rechazo, los defensores de los empresarios pueden apelar y escalar en el espinel judicial incluso hasta la Corte Suprema. Un escenario que se da de patadas con el apuro que exhibe la fiscal León.

Loson también sostiene que lo tiene que juzgar Servini. Pero no tuvo éxito. La Cámara Federal, en un fallo firmado por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, le dijo esta misma semana que afronte el debate oral, que “ofrece el marco adecuado para la discusión sobre la prueba incorporada”. Y que alegar “arbitrariedad” porque a él le negaron lo que a otros le concedieron no sirve como argumento, puesto que el tribunal “no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su mera discrepancia con el criterio del juzgador”.

Así, Loson deberá sentarse en el banquillo de los acusados, con la estigmatización que ello implica. Quizá si no hubiera detectado el liquid paper en los cuadernos su presente sería mucho más relajado. «Por: Néstor Espósito @nestoresposito, tiempoar.com.ar