Reelección de Gildo Insfrán: el juego de los supremos que tiene en vilo a la democracia

El caso de Formosa y el mapa de planteos electorales en manos de la Corte
El procurador Eduardo Casal dictaminó que la Corte no tiene competencia para intervenir ante los reclamos opositores contra la candidatura de Gildo Insfrán en Formosa. Pero admitió la posibilidad de que los jueces actúen, si creen que se está afectando el sistema republicano, el mismo argumento que usaron Rossatti, Rosenkrantz y Maqueda para suspender las elecciones en San Juan y Tucumán, en línea con los intereses de Juntos por el Cambio. Cómo es el manejo que viene haciendo el máximo tribunal de las denuncias y expedientes.

El procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó que no es competencia de la Corte Suprema intervenir en los planteos de la oposición que buscan impedir la candidatura a gobernador de Formosa de Gildo Insfrán, que aspira a un octavo mandato. Sin embargo, llama la atención un último párrafo donde acota que, de todos modos, los supremos pueden decidir lo que les parezca mejor, en especial si evalúan las “extremas circunstancias” señaladas por los denunciantes y consideran que está en peligro el sistema republicano de gobierno. Este es el concepto que la mayoría del tribunal introdujo con su fuerte jugada política de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán -donde se perfilaban triunfos del peronismo-, la decisión que envalentonó a dirigentes de provincias donde no hay nada que impida la reelección indefinida.

La discusión electoral formoseña agregó un capítulo este viernes: Juntos por el Cambio pretende que la Corte suspenda ya mismo el proceso electoral para evitar que se oficialicen las listas este domingo. El tribunal, además, tiene una colección de planteos de inconstitucionalidad, amparos y cautelares con pedidos de suspensión de los comicios. Hay siete sobre Tucumán, pese a que Juan Manzur renunció a su candidatura, y uno de ellos hasta pone en discusión la fecha de los comicios. Y hay dos causas pendientes, además, sobre la cuestión de fondo en San Juan, donde Sergio Uñac mantiene su candidatura aunque aceptó mover la fecha de votación de gobernador y vice.

Formosa y sus implicancias
El dictamen de Casal alude a una acción declarativa de certeza sobre la Constitución de Formosa que no limita las reelecciones y un pedido de suspensión de los comicios, previstos para el 25 de junio. Fue presentada por Fernando Carbajal, diputado nacional y candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Hasta ahora, los dictámenes en estas causas electorales fueron firmados por la procuradora Laura Monti. En el organismo dicen que no firmó ella porque está de vacaciones.

La acotación que introdujo el jefe de los fiscales, sobre el sistema republicano, no es menor. Aunque los dictámenes no son vinculantes, es un guiño evidente a la mayoría suprema y a la oposición. Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz relacionan el republicanismo con la “periodicidad” en el poder y no perpetuarse en los cargos. Es algo disonante viniendo de personas que tienen cargos vitalicios.

Carbajal hizo una nueva presentación este viernes en la que pide que la Corte habilite días y horas y suspenda urgentemente “los plazos del proceso electoral” para impedir que el domingo se presenten los candidatos para gobernador y vice pero también para los cargos legislativos a nivel provincial y municipal. El jueves se había presentado la fiscala de Estado de la provincia, Stella Maris Zabala, con un pedido para que el tribunal se declare incompetente, amén de que se rechacen las cautelares presentadas y que se incorpore a la provincia al expediente.

Hace algunos días, los cortesanos habían pactado no activar ningún expediente sobre Formosa hasta que se oficializaran las candidaturas. Pero justo cuando Insfrán fue designado por el Congreso del PJ para poner la firma a las alianzas y estar al frente del armado electoral, el tribunal mandó la primera presentación al procurador. Además de la de Carbajal hay otra de Agostina Villagi y Rodolfo Manuel Basques, del Frente Amplio Formoseño, que también piden la inconstitucionalidad del artículo 132º de la constitución provincial. Casal dictaminó también que no es competencia de la Corte.

El caso tucumano
La cantidad de expedientes que hay en la Corte referidos a las elecciones en Tucumán, y la antigüedad de algunos, son la demostración de que ciertas decisiones las pudieron haber tomado hace tiempo sin perturbar el desarrollo del proceso electoral.

El caso por el que se suspendió la elección había sido iniciado por Germán Alfaro, de Juntos por el Cambio, candidato a vicegobernador por el Partido de la Justicia Social. Presentó un amparo que pedía la inconstitucionalidad de la candidatura de Manzur y la suspensión vía medida cautelar de las elecciones. Llegó a los supremos el 20 de abril. La Procuración rechazó la competencia cinco días después. El 9 de mayo, cinco días antes de los comicios, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, decidieron suspenderla pero sin resolver la cuestión de fondo. Ricardo Lorenzetti estaba de viaje. De todos modos, Manzur se bajó y se levantó la cautelar. Pese a todo, podría haber una resolución sobre la cuestión de fondo, dicen en la Corte.
El partido CREO, aliado de Juntos por el Cambio, se presentó el 1 de diciembre del año pasado con una acción declarativa para que interpretara que la Constitución de Tucumán le impedía a Manzur ser candidato a vice. La Procuración dictaminó la incompetencia el 6 de diciembre. La secretaría de juicios originarios hizo un proyecto en esa línea que empezó a circular el 17 de febrero. Hubo una nueva presentación cuando se oficializó la candidatura de Manzur, pero el caso no tuvo más movimiento en el tribunal. Parece que no les “cerraba” porque no pedía la suspensión de las elecciones.
Hay una causa todavía anterior, del 28 de noviembre, que presentó el mismísimo Alfaro. Le pedía a la Corte que se declare competente en un amparo que, en este caso, había presentado Manzur quien, ante la “incertidumbre”, pidió que la Justicia defina si se podía postular. La Corte local le dio la razón. La Procuración dijo el 12 de diciembre que el planteo era inadmisible. Los supremos no dijeron nada.
Alfaro se volvió a presentar el 23 de febrero. Pidió que se declare inconstitucional el decreto que convocó a elecciones y la resolución de la Junta Electoral que fijó el cronograma. El argumento fue que no se respetaba el plazo de anticipación, no mayor a dos meses antes de la conclusión del mandato (que termina el 29 de octubre) establecido por la Constitución local. El 16 de marzo el Consejo Provincial del PJ tucumano acusó a Alfaro de cometer fraude procesal porque el tema se había saldado en la provincia y no había posibilidad de reabrirlo. El 30 de marzo el Consejo señaló que Alfaro participaba del cronograma y, por ende, lo convalidaba. El hombre de Juntos por el Cambio volvió a la carga el 18 de mayo después que Manzur fijó la nueva fecha de elecciones para el 11 de junio. O sea, quiere nuevamente la suspensión de los comicios. Otra vez la Procuración dijo que no era un asunto de la Corte, lo que fue reflejado en un proyecto interno de la secretaría especializada. Maqueda lo firmó, Rosatti pidió que siga circulando, Rosenkrantz dijo que lo vería al final, Lorenzetti lo devolvió sin firmar. Ahora está en poder del presidente supremo.
Hay otro pedido para suspender el llamado a elecciones del 11 de junio presentado por el partido CREO. Quieren postergar todo: elecciones de gobernador y vice, legisladores, intendentes, concejales y delegados comunales, hasta que el máximo tribunal resuelva el tema de fondo. Se presentaron el jueves último. Aún no se mandó el tema a la Procuración.
Otro recurso de Alfaro había sido presentado el 27 de febrero. Era una queja contra la corte tucumana que insistía en avalar a Manzur. Maqueda sostuvo que había que rechazarlo, Rosatti devolvió la causa sin firmar, Lorenzetti pidió verla al final, Rosenkrantz la devolvió también y ahora otra vez la tiene Rosatti.
Dos candidatos a concejales del Movimiento de Unidad y Cambio (alineado con JxC), Martín Javier Augier y José Ganim, impugnaron la candidatura de Manzur. Como la junta electoral lo rechazó, llevaron un “per saltum” a la Corte el 3 de mayo. La causa la tiene Rosatti desde el 5 de mayo.
Situación de San Juan
Uñac fue impugnado ante la Corte por la oposición (UCR, PRO y Unidos por San Juan) el 5 de abril después de que el Tribunal Electoral lo habilitara a aspirar a un tercer mandato como gobernador. Plantearon una acción declarativa de certeza, pero no pidieron suspender las elecciones. La Procuración dijo, una vez más, que no era de competencia suprema. Un proyecto interno en la Corte seguía esa línea, pero el expediente no se movió.

A los supremos parece que les gustó más el planteo de Sergio Guillermo Vallejos Mini, candidato de Evolución Liberal, también alineado con Juntos por el Cambio, porque pedía suspender la votación. La Corte eligió este caso para dictar la cautelar y suspender las elecciones del 14 de mayo sin resolver la discusión de fondo. El candidato a gobernador opositor Marcelo Arancibia pidió suspender también la elección de diputados provinciales, pero esto fue rechazado. Uñac se mantiene en carrera aún sin fecha de votación, pero se eligieron intendentes, diputados y concejales. El PJ ganó el 75 por ciento de los municipios. Los supremos rechazaron sus recusaciones y ahora falta que opine otra vez la Procuración sobre el tema de fondo.

Ahora llega el momento en que se verá hasta dónde llevan los supremos su ofensiva política y si se lanzan directamente a opinar sobre las constitucionales provinciales, como amagaron con hacerlo al justificar las medidas cautelares. Por esta intromisión en el proceso electoral por parte del trío que hoy manda en la Corte, el Frente de Todos pidió ampliar las razones para destituirlos.

Por Irina Hauser. pagina12.com.ar