Intento de homicidio a Cristina Kirchner: la fiscalía filtra información a Milman

En la causa por el atentado a su vida, Cristina Fernández de Kirchner solicitó la recusación de la fiscalía por la posible “filtración” de información a abogados vinculados con el diputado Gerardo Milman. La presentación fue realizada por el abogado de la vicepresidenta, Marcos Aldazábal, ante la Cámara Federal.

Concretamente, la querella de CFK acusa a la fiscalía de pasar “información al abogado de una persona sospechada” y de poner “en riesgo” a una testigo. Como informó Página/12, el legislador del PRO fue visto dos días antes del atentado junto a sus colaboradoras Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, en el bar Casablanca, donde un empleado del Congreso lo escuchó decir “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

Aldazábal detalló que “el 2/5 a las 13.18, una de las asesoras de Milman, Ivana B., presentó un escrito en la Fiscalía para ampliar su declaración. La Fiscalía subió el escrito al expediente el 3/5 a las 13:18. Ergo, por 24 horas sólo lo tenía la Fiscalía”.

Los sospechosos hechos continuaron de la siguiente manera: “El 5/5 Ivana B. pidió que le tomen la declaración urgente: desde el día en que se había pedido ampliar su testimonio había comenzado a recibir mensajes sospechosos de la otra asesora de Milman, Carolina Gómez Mónaco (ex directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la Nación)”, manifestó Aldazábal.

El abogado de la vicepresidenta señaló que “a las 21.43 del 2/5, G. Mónaco le reenvió un audio en el que un abogado (‘Diego’) le avisaba que Ivana B. quería ampliar su declaración” y manifestó que “esto quiere decir que, antes de que la Fiscalía subiera el escrito a la causa, un abogado allegado a Milman sabía de su existencia”.

“Por eso, recusamos al fiscal” Carlos Rívolo, señaló y dijo que “la recusación es una herramienta para preservar la imparcialidad, un valor central para la justicia”. En ese contexto, Aldazábal aprovechó para criticar a la jueza del expediente, María Eugenia Capuchetti, quien “rechazó la recusación a Rívolo sin siquiera darle trámite, es decir, sin llamarlo a que explique qué pasó”. “Para ella, no tiene importancia que un abogado ajeno a la causa y cerano a personas sospechadas conozca un escrito antes que las partes”, alertó el abogado.

Juicio oral
Mientras la querella de la vicepresidenta continúa reclamando que se amplíe la investigación del atentado y se sigan los vínculos políticos de los autores directos del ataque, las defensas de dos de ellos manifestaron su conformidad con que la causa pase a juicio oral y público.

Los abogados de Fernando Sabag Montiel, quien intentó dispararle a CFK, y de Brenda Uliarte, cómplice del primero, presentaron escritos ante la jueza Capuchetti avalando el avance del proceso oral. El defensor del tercer acusado, Gabriel Nicolás Carrizo, pidió una prórroga para responder y que se lo habilite acceder a “legajos restringidos”.

Si bien la voluntad de los abogados es que el caso vaya a juicio oral con la mayor celeridad posible porque los imputados permanecen detenidos, los tres escritos exponen distintos matices y en algún caso adelantan la estrategia que emplearán.

La defensa de Uliarte reclamó que la causa pase a juicio oral “a la brevedad posible” porque “en dicha etapa procesal no podrá eludirse el análisis sobre si existió posibilidad material -real y concreta- para que se culminara con la ejecución del principal ilícito que aquí se investiga y se produjera un resultado lesivo”. La estrategia apunta a poner en cuestión si la pistola utilizada por Sabag Montiel estaba preparada aquel 1 de septiembre para efectuar el disparo. En el expediente, de todas formas, ya fue acreditado que se trataba de una pistola “apta para el disparo”, aunque deberá discutirse qué fue lo que motivó que el potencial asesino fallara y la bala no saliera.

“Legajos restringidos”
El tercer acusado del caso, Carrizo, supuesto empleador de Uliarte y Sabag Montiel en la venta de copos de azúcar, está imputado como partícipe secundario de la tentativa de homicidio de la vicepresidenta. Su defensa pretende ver todos los legajos que conforman el caso antes de expedirse sobre la elevación a juicio del caso.

“Esta parte no tiene acceso a legajos restringidos lo cual ha cercenado la posibilidad de controlar la legalidad de los actos realizados en ellos”, sostiene la presentación. La defensa de Carrizo señaló que de los escritos de las partes acusadoras surge que las pistas denominadas “Milman” y “Carrol” están “indudablemente abiertas” y que se alude a posibles vínculos de esas personas con su defendido, situación que no puede responder sin tener acceso a los legajos.

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