Facturas millonarias, falta de personal y cerrado por vacaciones: la truchada del instituto de Patricia Bullrich
La IGJ inició una investigación sobre el Instituto de Estudios Estratégicos sobre Seguridad porque sospecha que funciona como una fachada para recaudar para la campaña. Un informe preliminar no disipa las dudas: más de 100 millones de pesos facturados por cursos que se desconoce la materia o que no tienen nada que ver con la seguridad.
El Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), de Patricia Bullrich, tuvo una facturación millonaria en lo que va del año: más de 100 millones de pesos. Algunos seminarios que la entidad supuestamente impartió costaron arriba de los 4.000.000 pesos y ni siquiera versaban sobre el tema de expertise de la asociación –la seguridad–, lo que encendió las alarmas en la interventora que designó el Ministerio de Justicia y que aún no pudo entrar a las oficinas porque las encontró cerradas “por vacaciones”. La información analizada no disipa las sospechas de la Inspección General de Justicia (IGJ) de que, en realidad, el IEES fue usado por la exministra de Seguridad de Mauricio Macri como una fachada para financiar su campaña presidencial.
El 12 de julio pasado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, dispuso la intervención del IEES, el instituto que, al menos, hasta hace unos meses presidió Bullrich. La decisión de Soria se originó en una investigación que llevó adelante la IGJ, que dirige Ricardo Nissen, sobre los fondos que recibía la entidad. El IEES se conformó como un espacio de estudios e investigación en materia de seguridad en 2016, cuando Bullrich ya estaba al frente de ese tema en el gobierno de Cambiemos. El IEES es el sucedáneo del Instituto de Estudios Argentinos en Políticas Públicas (IDEAR), que en 2006 había fundado el marido de la dirigente del PRO, Guillermo Yanco.
Durante los años de la administración Macri, el IEES tuvo una facturación mínima y, en general, los gastos superaban el nivel de ingresos. En 2016, la entidad recaudó 20.200 pesos. En 2017, hubo vacas flacas en el IEES: solo se declararon ingresos por 741 pesos. El verdadero salto –según documentó la IGJ– se produjo en 2021 con más de 5.000.000 de pesos de recaudación. Ese año, Bullrich se bajó de la carrera hacia las elecciones de medio término y se subió a la carrera por la Casa Rosada. En 2022, el IEES recolectó 85.000.000 de pesos, que provinieron mayoritariamente de dos fuentes: almuerzos y seminarios.
De hecho, la IGJ posó la mirada sobre el instituto de Bullrich después de que dos medios –El Cronista y Perfil– publicaran que la exministra estaba haciendo almuerzos con empresarios para financiar su campaña presidencial. En lo que va de 2023, al IEES no le fue mal, ya que –en tan solo siete meses– superó la facturación del año pasado. Hasta ahora registró ingresos por 100.539.615 pesos.
El dato surge de un informe preliminar que confeccionó la interventora Norma Cristóbal después de haber accedido a la información disponible ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Es hasta ahora la única documentación a la que pudo acceder Cristóbal porque la semana pasada no logró ingresar en las oficinas del tercer piso de Avenida de Mayo al 953. Cuando llegó a tomar posesión del cargo, se encontró con un cartelito que anunciaba que el lugar estaba de vacaciones hasta el lunes 31 de julio. Lo curioso es que la interventora había comunicado por carta documento que iba a presentarse a trabajar. Nissen denunció que se trataba de una maniobra de Bullrich para impedir que investiguen el lugar.
Las autoridades de Justicia, sin embargo, ya recibieron un informe preliminar con algunas facturas sospechosas o posibles líneas de investigación. Sin ir más lejos, el primer descubrimiento de la interventora es que pese al importante movimiento de fondos que tiene la entidad no tiene personal en relación de dependencia. Tampoco se encuentra inscripta como sujeto obligado a informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Las facturas
La interventora analizó una muestra de 32 facturas hechas durante este año, que equivalen a un 66 por ciento de la facturación total. Todas ellas superan individualmente el millón de pesos y totalizan 66.504.615 pesos.
Veinticinco facturas corresponden al concepto “seminario”. No se especifica cuál fue el curso, quién lo impartió o dónde se dictó. Tampoco consta cuál fue la cantidad de inscriptos.
El IEES le hizo tres facturas por un total de 6.000.000 pesos a Mercado Argentino de Valores SA, de Rosario. Según hizo saber la interventora, esto “daría sospecha de donación por la falta de relación entre ambos entes”, ya que Mercado Argentino se dedica al servicio de mercados, cajas de valores y servicios inmobiliarios. A priori, nada tiene que ver con la seguridad.
La asociación civil le hizo dos facturas por casi 5 millones de pesos a Guillermo Thomas Murchison. “Llaman la atención los montos que no estarían en concordancia con el resto de lo facturado por igual concepto”, alertó la interventora. El Grupo Murchinson administra, entre otros, el puerto privado de Zárate. Murchison fue el presidente del Coloquio de Idea en 2007.
Se halló también una factura por 1.386.500 pesos a la Fundación Protagonistas de Mendoza y, según informó la enviada del Ministerio de Justicia, se debe establecer si hay relación entre ambos entes sin fines de lucro “teniendo en cuenta las normas de prevención de lavado de activos”.
El instituto confeccionó tres facturas a Sar Suela SRL, dedicada a la fabricación de calzados, por 11.750.000 pesos. A priori, no hay vinculación entre la confección de zapatos y zapatillas con la seguridad. La IGJ ya había advertido con anterioridad que Sar Suela era uno de los principales “aportantes” al IEES.
Una persona física con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires abonó 2.300.000 pesos por un seminario sobre “Liderazgo organizacional”. Como no hay otro detalle, se presume que fue el único asistente al curso y el precio está bastante alejado de lo que suele ser el valor de mercado.
Hay tres facturas a BAT Operaciones SAU por 3.000.000 pesos bajo el concepto de “servicios mensuales de asesoramiento económico, financiero, materia política y regulatoria”. No se menciona la seguridad. BAT significa British American Tobacco y es la denominación que adquirió en los últimos años Nobleza Piccardo, la empresa dedicada a la producción y comercialización de cigarrillos.
También se encontraron dos facturas emitidas hacia Latin Securities SA por un seminario de “políticas públicas participativas, el rol del cooperativismo y mutualismo”. Otro de los comprobantes es por un curso sobre “lineamientos económicos, actuales y futuros. Condicionamientos macroeconómicos y escenarios de inversión”.
El IEES, además, le facturó 4.200.000 pesos a uno de los socios del estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites y Arntsen. En este caso, por un curso sobre “políticas de desarrollo económico, social e institucional”.
Los títulos de los seminarios parecen estar más orientados a la discusión sobre la política que podría asumir Bullrich si el 13 de agosto derrota en las PASO a su rival interno, Horacio Rodríguez Larreta, y si llega a salir victoriosa en las elecciones generales.
El economista Martín Siracusa –que ejerce como presidente del IEES en reemplazo de Bullrich– apeló la intervención ordenada por el Ministerio de Justicia. En la presentación que firmó junto con la abogada Silvina Martínez, denunció que la decisión se trata de una persecución política contra una dirigente opositora. Desde su cuenta de Twitter también negó lo que la IGJ había denunciado a través de un comunicado y con fotos: que la interventora no pudo entrar porque las oficinas estaban cerradas por vacaciones.
Para la IGJ, Bullrich usa el IEES como un mecanismo para financiar su campaña, lo que incluye el pago de viajes por las provincias o incluso el pasaje para que en diciembre pasado disertara en Miami ante el Institute for Democracy, desde donde arremetió contra el Grupo de Puebla mientras este organismo preparaba un acto en solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner después de que hubiera sido condenada a seis años de prisión en la causa “Vialidad”.
Por Luciana Bertoia.
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