Jueces macristas anularon todos los procesamientos por espionaje ilegal y persecución a sindicalistas
“Gestapo antisindical”: Los insólitos argumentos de Llorens y Bertuzzi para derribar la causa
Pese a que un video de la AFI mostró la confabulación de funcionarios macristas, espías y empresarios en una mesa judicial bonaerense, los jueces de la Cámara Federal pusieron en duda que las tareas de inteligencia sobre el dirigente de la Uocra Juan Pablo Medina hayan sido ilegales y consideraron que “las acciones podrían verse justificadas”. La decisión benefició a un exministro de María Eugenia Vidal y exagentes de la AFI, entre otros. Para el tercer camarista que evaluó el caso, Eduardo Farah, hubo “deliberados e intencionales actos de inteligencia ilegal”.
Los mismos jueces que crearon la teoría de los espías cuentapropistas y que revocaron el procesamiento de Mauricio Macri en el caso del espionaje a los familiares de víctimas del submarino ARA San Juan declararon ahora la nulidad de todos los procesamientos en la causa por el escándalo de la “Gestapo antisindical”, que había dejado al desnudo cómo entre funcionarios del macrismo y espías hacían inteligencia sin orden judicial y después armaban causas contra dirigentes gremiales, en este caso puntual para perseguir a Juan Pablo “Pata” Medina, extitular de la UOCRA La Plata. Los magistrados en cuestión son Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Eduardo Farah votó en disidencia. El argumento mayoritario directamente pone en duda que las tareas de inteligencia que se hicieron sobre Medina hayan sido ilegales. Es más: como el origen de esta causa fue el hallazgo de un video en la Agencia Federal de Inteligencia que mostraba una reunión en el Banco Provincia de la que participaban miembros del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, tres exagentes de la AFI y empresarios, los jueces sugieren que el objetivo de aquella reunión tal vez no era necesariamente planificar una acusación trucha y que en la causa había un “déficit de fundamentación”.
Es evidente que los camaristas con sus diferentes decisiones apuntaron a desarmar lo que en varios fallos de primera instancia aparecía como evidente: que durante el gobierno de Macri la AFI estuvo al servicio de tareas de espionaje ilegal con diversas metodologías, como también lo advirtió la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Así como los espías llamados “Súper Mario Bros” siguieron a dirigentes de todo el arco político, desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Horacio Rodríguez Larreta, periodistas, curas villeros, organizaciones sociales y sindicales; también hubo tareas de inteligencia sobre exfuncionarios kirchneristas y empresarios dentro del penal de Ezeiza. Hay que sumar aprietes como el que denunció el exjuez Luis Carzoglio. Hay una causa específica sobre la vigilancia ilegal al Instituto Patria y a CFK (es la única en la que están procesados los extitulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani), además de la de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, seguidos como si fueran a poner en peligro la seguridad nacional. A todo eso se añade el llamado D’Alessio Gate.
Lo que tienen en común esos expedientes y el de la Gestapo es que tramitaban en la provincia de Buenos Aires, tuvieron grandes avances y revelaciones, y a medida que cobró nitidez la existencia de un sistema de espionaje extendido, las causas pasaron a los tribunales de Comodoro Py y la Cámara Federal comenzó a darlas vuelta.
El escándalo
El caso de la Gestapo antisindical tramitó en el juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, quien había procesado por violación a la ley de inteligencia y prevaricato a varios de los presentes en la reunión de la sede porteña del BaPro el 15 de junio de 2017: el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, el exsecretario de Justicia provincial Adrián Grassi, el senador Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, el exjefe de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, el exjefe de Gabinete del organismo Darío Biorci y el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra. El exministro de Infraestructura Roberto Gigante y los empresarios habían recibido falta de mérito. En Comodoro Py la investigación la tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
El video hallado en la AFI durante la intervención de Cristina Caamaño sorprendió por la conversación tan explícita que podía apreciarse entre los presentes en la reunión. “Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, dijo Villegas, con esa frase que el dio nombre al caso, dejando a la vista el funcionamiento de una “mesa judicial” provincial. El punto era que los empresarios se habían quejado por conflictos con la UOCRA y por supuestas extorsiones. Villegas llevó la voz cantante, también en buena medida De Stéfano, y explicaron que apuntaban a “preconstituir una causa judicial” y para eso los empresarios debían hacer denuncias. Villegas aclaró que tenían todo “chequeado con la Procuración, Fiscalía y con el juez que eso va a funcionar”. Remarcó: “Hemos tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial”.
Hay que tener en cuenta que era política del gobierno de Macri atacar a ciertos gremios, y en este caso sumó esfuerzos con la exgobernadora Vidal. El 4 de mayo de ese año había habido una reunión en Casa Rosada con el entonces presidente y otros funcionarios a la que acudió Villegas.
El hecho concreto es que, con anónimos y tras seguimientos sin orden judicial a Medina y su familia, se abrió una causa por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, que la tuvo el juez Luis Armella, y que terminó con el sindicalista encarcelado tres meses después de la reunión en el BaPro. En la investigación de Kreplak se constató la cadena de contactos de la AFI con el juzgado y entre los funcionarios (la mayoría de los cuales, además, acudían a la central de espías) en momentos claves.
El modo irregular en que se investigó al Pata Medina derivó en que el Tribunal Oral Federal 2 de Quilmes, que estaba a cargo de Alejandro Esmoris, anulara la causa principal contra el sindicalista con referencias a un acuerdo político y judicial, algo que luego fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Es una de las cuestiones a las que hizo referencia el voto en disidencia de Farah, quien sostuvo que si había motivos para investigar a Medina, los funcionarios que recibían las quejas de empresarios no hicieron las denuncias por la vía legal y terminaron convirtiendo la investigación en “un producto constitucionalmente inaceptable”. Incluso este camarista recordó que Dalmau Pereyra admitió al declarar que había recibido en mayo la instrucción “de la superioridad” de investigar a Medina sin orden judicial.
Acá no pasó nada
Los camaristas Llorens (nombrado por Macri) y Bertuzzi (trasladado a la Cámara a dedo también por Macri) escribieron un fallo que dice cosas tales como que “no puede descartarse” que la reunión en el BaPro haya “tenido una finalidad distinta a la que sugiere” Kreplak en su fallo. Lo cierto es que los diálogos eran bastante claros en cuanto a la planificación de una persecución, pero para los camaristas podría ser que “ciertas circunstancias” hayan sido “soslayadas”. Dicen que el juez no analizó el contexto de denuncias de empresarios y trabajadores contra la UOCRA ni cómo apreció el video de la reunión que dio origen a la causa, sobre el cual siembran sospechas. Como las defensas de los acusados insistieron en cuestionar la filmación, la Cámara criticó al juez por no analizar “el estado de la instancia administrativa interna supuestamente en trámite sobre este tema en el seno de la AFI”.
En otro tramo dicen que no se puede afirmar que haya existido inteligencia ilegal. Señalan, por ejemplo: “No toda actividad fuera del control orgánico y tamizada por la ley es ‘espionaje'”. Citan sus propios precedentes de casos de espionaje y agregan que “la inteligencia es una función estatal tan esencial, como sensible” y “su existencia está justificada por la necesidad de preservar la integridad de la Nación”. Concluyen que, en el caso de la “Gestapo antisindical”, “nos encontraríamos frente a acciones que podrían verse justificadas dentro de la categoría de inteligencia criminal, la cual comprende la producción de inteligencia en tanto reunión de información, referida a problemáticas delictivas sensibles y, en particular, a aquellos hechos delictivos complejos de relevancia federal vinculados a categorías de análisis del Crimen Organizado”. Para los jueces, eso podría considerarse contemplado dentro de las funciones de la AFI, que puede actuar “con medios propios de obtención y reunión de información”.
En suma, el voto mayoritario dice que hubo una “asignación arbitraria de responsabilidades y participaciones que carecen de fundamento lógico” y que “se dotó al contenido de la filmación de una serie de significaciones que derivaron en una imputación que devino prematura e inconexa”.
“Sin fundamentos”
“Es un fallo sin fundamentos jurídicos y que tiende a evitar que se avance sobre los máximos responsables de la mesa judicial del macrismo, llegándose al absurdo de intentar normalizar la reunión del BaPro en la que se habló de crear una Gestapo contra el sindicalismo y se acordó además el armado de causas penales para llevar a prisión a Juan Pablo Medina y su familia -sostuvo César Albarracín, abogado de Medina-. Las objeciones de la Cámara no tienen relación con las evidencias colectadas. No creo que los camaristas que votaron en mayoría simplemente se hayan equivocado, tomaron una decisión consistente con el modo en que vienen actuando en todos los procesos sensibles para la anterior gestión de gobierno.”
El voto de Farah, en las antípodas del mayoritario, recorre de punta a punta el expediente y afirma que “se ha acreditado en la causa que, desde la órbita de la AFI y de otros organismos (como el Ministerio de Seguridad de la Nación, en persona de Alan Ruiz), comenzó contemporáneamente (antes y después de las reuniones), sin orden judicial alguna, a realizarse una investigación sobre Juan Pablo Medina y su entorno familiar, laboral y económico con la finalidad de detectar la posible comisión de delitos”. También sostiene que “no existe debate en punto a que no hubo ninguna orden judicial que habilitara las acciones de los agentes. El uso que se le dio a su producido, sumado a lo que se sabe respecto de la finalidad que tuvieron al llevar adelante las tareas, permite establecer que se trató de deliberados e intencionales actos de inteligencia ilegal”. Farah sostuvo incluso que el juez de instrucción debería pedirles explicaciones a los exdirectivos de la AFI y también a Armella. Habrá que ver ahora qué hace Martínez de Giorgi con todo esto.
Por Irina Hauser.
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