Se reanuda el juicio político a la corte suprema
La comisión de juicio político de Diputados reinició ayer, luego de tres semanas sin reuniones, el proceso a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en esta etapa por el causal relacionado con el fallo de fines de 2021 que declaró inconstitucional la ley de 2006 sobre el Consejo de la Magistratura y restituyó una norma derogada, modificando la composición del órgano encargado de seleccionar y remover jueces.
La abogada Graciana Peñafort, citada como testigo en su rol de directora de Asuntos Jurídicos del Senado, recordó que el Consejo sigue con un lugar vacante porque tanto la designación de Martín Doñate –confirmada en distintas instancias– como la recusación de los cortesanos “juntan polvo” en las oficinas del máximo tribunal. Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados porteños, recordó pormenores del planteo que derivó en el polémico fallo, incluidas las gestiones de la Corte y del operador judicial macrista Daniel Angelici para frustrar el trabajo con legisladores de distintos bloques que intentaban consensuar una reforma en el Consejo. El secretario letrado Roberto Saggese no acusó recibo de la citación para declarar. La comisión resolvió enviar un oficio a la Corte para conocer formalmente las circunstancias y motivos de las ausencias de Ricardo Lorenzetti y de la (ahora ex jueza) Elena Highton de Nolasco en la acordada de 2021 que le permitió a Horacio Rosatti –con su propio voto– convertirse en presidente del tribunal.
La hipótesis
La diputada Carolina Gaillard, que preside la comisión, se encargó de explicar que ese “autovoto” de Rosatti tuvo como objetivo asumir luego la presidencia del Consejo para garantizar su “cooptación”; recordó que el fallo en cuestión tuvo lugar diez días después de que el gobierno de Alberto Fernández enviara el proyecto de ley de reforma del Consejo y que “demoraron el fallo para que salga cuando Rosatti detentara la presidencia de la Corte”. Destacó que con la ley de 2006 la Corte “había dejado de integrar” el Consejo y que con su decisión de fines de 2021, que aumentó de 13 a 20 su número de miembros, se dio “una manipulación de la conformación a través de fallos y acordadas”. Cuestionó además que “la Corte se arrogó facultades legislativas” al restituir una ley derogada 16 años antes y le dio “un plazo arbitrario” de 120 días al Congreso para sancionar una nueva norma. En ese marco, además, tuvieron lugar los intercambios de mensajes entre el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el operador Silvio Robles, asistente de Rosatti, para asesorar al macrismo sobre cómo proceder en el Senado.
La diputada y consejera Vanesa Siley, del Frente de Todos, rememoró los vaivenes de los cortesanos según los vientos políticos y recordó que “a partir de septiembre de 2021 cambió el tiempo en la Corte Suprema y había que apurarse”. “Por eso enerva que el mismo presidente de la Corte haya firmado el fallo. El interés comprometido era explícito y alevoso: que el que preside la Corte, presidirá el Consejo”, explicó. Destacó además que la llegada de Rosatti a ese órgano implicó que “se ha paralizado el avance de las causas y las ternas que estaban todas listas para salir”. Su colega Pablo Tonelli, del PRO, admitió que los hechos relatados por Siley “son correctos y veraces” pero que “la interpretación es absolutamente errada”, porque omite “que los que estamos en deuda somos nosotros, los legisladores”, por no poder llegar a dictaminar sobre los distintos proyectos de reforma.
Peñafort: La vacante pendiente y las interferencias de la Corte
Peñafort, candidata a diputada del Frente de Todos, repasó los pormenores posteriores al fallo de 2021, la designación de Doñate, la cautelar que la frenó y los reclamos de los senadores Luis Juez y Humberto Schiavoni. Destacó que “la posición del Senado fue ratificada por las distintas instancias y presentamos en recurso extraordinario que no ha sido resuelto, básicamente porque luego de la intervención de Rosatti lo recusamos y luego ampliamos al resto de miembros de la Corte, entendiendo que por razones de decoro deberían haberse excusado de intervenir”. “A la fecha los expedientes juntan polvo, tanto administrativa como judicialmente, en las oficinas de la Corte, no hemos tenido una respuesta definitiva”, motivo por el cual “el Consejo funciona con 19 miembros y no con 20”, recordó.
La abogada y funcionaria consideró que la Corte interfirió “en competencias exclusivas y excluyentes del Senado” sobre la articulación de sus bloques y cuestionó además la decisión de “resucitar la presidencia de la Corte” al frente del Consejo. “Es algo que se le ocurrió a la Corte, no había sido planteado en la causa del Colegio, y se hizo sin ningún fundamento y sin que lo pidiera la parte”, enfatizó. Peñafort, ante una pregunta, comparó el autovoto de Rosatti con otro de Julio Nazareno, presidente de la Corte durante el menemato y cara visible de su mayoría automática, que la diputada Elisa Carrió consideraba en aquella época “una burla al sistema republicano”, según su dictamen en el juicio político al juez menemista.
Rizzo: La historia de la presentación
Rizzo, por su parte, declaró como expresidente del Colegio Público y cuatro veces consejero de la magistratura nacional, entre 2006 y 2022. Primero contó sobre la causa iniciada por el Colegio que derivó en el fallo de la Corte, el debate de la Ley de Democratización de la Justicia en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la llegada de los cortesanos Rosatti y Carlos Rosenkrantz tras la asunción de Mauricio Macri. En ese marco recibió un llamado de la Corte para avisarle que deberían resolver sobre el planteo del Colegio y le preguntaron si era posible “que la política dictara un fallo” (sic). Recordó entonces una reunión con el ministro Garavano y otros macristas como el propio Tonelli, Juan Mahiques, Guillermo Lipera, y sus gestiones posteriores “con los kirchneristas” a pedido de los cambiemitas. “Me llaman de la Corte y me dicen ‘el proyecto está bien, pero no queremos estar’”, recordó, en referencia a la intención de evitar “una suerte de hegemonía de la Corte sobre el Consejo”. El trabajo continuó hasta que recibió el llamado de “un operador” que le explicó que “el proyecto no sale porque a nosotros no sirve este dibujo” (sic). “¿Para qué me hacen trabajar?”, renegó antes de cerrar el diálogo. Luego precisó que el operador era Angelici.
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