Nación apela ante la Corte el capítulo laboral del DNU

DNU: con ataques a la CGT y la Justicia, el gobierno apeló el fallo que frenó el capítulo laboral
En los fundamentos, considera a la central sindical como “un grupo político de poder que se disfraza de sector vulnerable”. Reclama la no intromisión del Poder Judicial en su gobierno. El gobierno de Milei reconoció ante el Poder Judicial que “una menor presencia del Estado es también menos libertad y derechos porque no hay quien los garantice”. Paradojalmente, lo hizo al pedirle a la Corte Suprema de Justicia que revoque el fallo que suspendió el capítulo laboral del DNU 70/23, que justamente recorta derechos de los trabajadores y modifica por decreto conquistas históricas. Para La Libertad Avanza (LLA), esas medidas contempladas en el DNU (que facilita los despidos sin indemnización, despenaliza el trabajo no registrado, permite al empleador manejar a su antojo la vida de su empleado y procura la asfixia económica de los sindicatos) son beneficiosas para los trabajadores.

El gobierno apeló esta semana ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara Laboral que invalidó ese apartado del DNU. En el escrito, al que accedió Tiempo, la administración Milei ningunea a la CGT y le desconoce su representatividad. No sólo eso: afirma que se trata de “un grupo político y de poder que se disfraza de sector vulnerable”.

“No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora. Tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar”.

El fallo de la Cámara Laboral, según el gobierno, “declara la invalidez sin explicar por qué considera que una norma que beneficia a la mayor parte de la población nacional afecta los derechos de la parte actora”.

A Milei tampoco le gustan los límites que la Constitución Nacional le pone a las políticas que quiere aplicar en su gobierno: “La Constitución Nacional debe ser interpretada de modo que sus limitaciones no lleguen a trabar el eficaz ejercicio de los poderes atribuidos al Estado a efecto del cumplimiento de sus fines del modo más beneficioso para la comunidad. (…) Hay actos que por su naturaleza pueden ser controlados y otros que no”.

Del texto se desprende que Milei quiere gobernar por decreto, sin que el Congreso o el Poder Judicial lo molesten. De hecho, se anticipa a la posibilidad de que sus proyectos vuelvan a rebotar en el Parlamento, como ocurrió con la Ley Ómnibus. La apelación ante la Corte justifica que “la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, lo cual es de valoración estrictamente política”. Y agrega que la Cámara Laboral “incurrió en el inadmisible control de la mera legalidad por la legalidad misma de una norma, esto es, por fuera de los recaudos fijados de la Constitución y en clara transgresión al principio de la división de poderes”.

Ese concepto parece mostrar que el Ejecutivo cree que tiene supremacía sobre los otros poderes de la Constitución. Es curioso, porque se lo dice a la Corte Suprema, que cree exactamente lo mismo. Claro que en ese caso, la supremacía es atribuida a los jueces, no al Ejecutivo.

La apelación señala que “el Presidente fue elegido por la mayoría del pueblo argentino para ejercer como Jefe Supremo de la Nación y Jefe del Estado”. En ese contexto, advierte que “coartar sus atribuciones, tratando de imponerle un modelo de gestión no es solo ir en contra de la voluntad popular sino que, también, va en contra de la validez del texto constitucional y los principios que surgen del mismo”.

La apelación desliza, sin demasiado disimulo, la intención de fragmentar a la representación obrera para facilitar la reforma. “No surgen motivos que justifiquen que la presente causa tramite como proceso colectivo y extenderlo más allá de los intereses propios de la actora”, la CGT. El Recurso Extraordinario califica de “irrazonable” al fallo de la Cámara porque “extiende una sentencia judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado, sino que, incluso, podrían no compartirla”. Y, de paso, muestra cuáles son los gremios preferidos del gobierno, porque aplican –de hecho- lo que propone el DNU: la UOCRA y el Sindicato Empleados de Comercio de la Capital Federal.

Según el gobierno, como contrapartida, la decisión de la Cámara en lo Laboral “manifiesta la intención de los Jueces de imponer un criterio político de regulación al Poder Ejecutivo”.

En la página 33 del documento, el gobierno se apoya en los votos que obtuvo en el balotaje y reivindica su intención de reformular y reducir -al límite de lo ridículo- las funciones del Estado. No obstante, formula un razonamiento sorpresivo sobre el rol del Estado: “Ante una mayor regulación, menor libertad para los individuos y ante una menor presencia del Estado, también menos libertad y derechos, porque no hay quien los garantice”.

La argumentación también recurre al concepto de “justicia social” (que, según Milei, es “una aberración”) para decirle a la Corte que no tiene que meterse en estos asuntos. “La excepcionalidad, que no es emergencia, ni siquiera es un concepto jurídico indeterminado sino un concepto exclusivamente político, de valoración meramente política y no jurídica, como ocurre con otros conceptos como ser el ‘seguridad de fronteras’, ‘conmoción interior’, ‘justicia social’, entre otros, que son ajenos a la valoración de los jueces y propios de la acción conjunta del presidente y el congreso”.

Por otra parte, el Poder Judicial, según se desprende del recurso, no debe intervenir porque ya lo está haciendo el Legislativo, como contralor. “Si fuera voluntad del Congreso de la Nación dejar sin efecto o modificar lo establecido en el Decreto 70/23 lo podrían hacer sin ningún impedimento porque, actualmente, el trámite del DNU se encuentra en su ámbito para su tratamiento”.

Falso. El texto omite que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, tabicó la posibilidad de que la Cámara alta analice el DNU. Y en Diputados, hasta la UCR pidió avanzar con el tratamiento, pero desde la presidencia de la Cámara, Martín Menem mira para otro lado y finge sordera. «

Por: Néstor Espósito @nestoresposito

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