Una ayudita de los jueces “Pro” para Bullrich

Evitó que se pronunciara sobre el protocolo antiprotestas. Con ayuda de la Cámara Federal, Patricia Bullrich se sacó de encima a Casanello. Minutos antes de una audiencia, corrieron al juez de la causa, tal como pedía la ministra de Seguridad. La legisladora Celeste Fierro lo calificó como un escándalo y anunció que intentará revertir la decisión en Casación.

Patricia Bullrich se salió con la suya. La ministra de Seguridad quería evitar a toda costa volver a presentarse ante el juez federal Sebastián Casanello para defender su protocolo antiprotesta. El golpe de gracia llegó minutos antes de la audiencia por parte de la Cámara Federal porteña. Desde allí, el camarista Eduardo Farah afirmó que Casanello no era competente para intervenir y mandó el caso al fuero penal ordinario –como pretendía Bullrich.

La audiencia estaba prevista para las 11. El juez estaba yendo para la sala donde iba a celebrarse la reunión cuando recibió un llamado desde la Cámara Federal que le anunciaba el contenido del fallo que acababa de firmarse. Celeste Fierro, la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) que impugna la constitucionalidad del protocolo, subió corriendo las escalinatas de Comodoro Py cuando un cronista le avisó que Casanello ya no tenía la causa.

La presentación de Fierro lleva más de dos meses yendo de un juzgado a otro. El 18 de diciembre pasado, la diputada porteña planteó una acción de inconstitucionalidad ante el juzgado federal electoral de María Servini. La jueza dijo que no era competente y mandó el tema a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

A los dos días, pasó al fuero penal ordinario –que tiene jurisdicción únicamente en la Ciudad de Buenos Aires. El juzgado respondió que no le correspondía analizar el protocolo de Bullrich y lo envió de nuevo al Contencioso. El 11 de enero, la Cámara de ese fuero dijo que la presentación de Fierro debía tramitar como un hábeas corpus y lo devolvió al Juzgado Nacional 28, que volvió a decir que no le tocaba intervenir y lo envió a Comodoro Py.

En todo este tiempo, el único juez que quiso analizar la resolución 943/2023 fue Casanello. El magistrado llegó a dictar una medida cautelar que exhortaba a las fuerzas de seguridad federales a adecuar su actuación a lo que establecen la Constitución y los tratados internacionales. Además, convocó a Bullrich a una audiencia –que se hizo el miércoles de la semana pasada– para explicar los cuestionamientos que se le formulan al protocolo.

Un día después de comparecer en Comodoro Py, Bullrich consiguió un fallo favorable de la Cámara Federal. Farah y Martín Irurzun anularon la cautelar que había dictado Casanello. Después de esa resolución, Bullrich le apuntó al juez con artillería pesada: lo recusó, recurrió la resolución en la que se declaraba competente, pidió la nulidad de todo lo actuado, apeló su decisión de tener como amicus curiae (amigos del tribunal) a una treintena de organismos de derechos humanos y juristas y reclamó la suspensión de la audiencia.

En uno de los escritos, Bullrich avisaba que no iba a estar en la Ciudad de Buenos Aires en la mañana del miércoles, por lo que no podría concurrir a la segunda audiencia frente a Casanello, que quedó sin efecto gracias a la Cámara Federal.

En su voto, Farah sostuvo que Casanello debió antes analizar si aceptaba la competencia en la causa. Además, el camarista afirmó que la ley que rige los hábeas corpus establece que es la justicia ordinaria la que interviene, aunque concedió que la Corte le ha dado intervención a los tribunales federales en algunas oportunidades.

De esa forma, Farah remitió el expediente nuevamente al Juzgado 28, que ya dijo en dos oportunidades que no es competente. Si insiste, el tema terminará inevitablemente en la Corte Suprema –con los tiempos que manejan sus señorías.

Ni lerda ni perezosa, Bullrich festejó en sus redes sociales y envió un comunicado victorioso desde el Ministerio de Seguridad. “El protocolo del orden gana en la justicia. Los que cortan no cobran. Los que rompen pagan. Los que violan la ley van presos. Hoy la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II nos acompañó. El protocolo para el mantenimiento del orden público está absolutamente vigente”, tuiteó.

En realidad, la Cámara Federal no validó el protocolo, sólo le sacó la causa a Casanello antes de que hiciera la audiencia y, de esa forma, le impidió pronunciarse. “Que le saquen la causa a Casanello es un escándalo judicial y demuestra que el gobierno está preocupado”, responde Fierro. La legisladora también comentó a este diario que ya hizo una presentación ante el Juzgado 28 para que se abstenga de pronunciarse porque piensa acudir a la Cámara Federal de Casación Penal para intentar que el caso se quede en el juzgado de Casanello.

Otra de las sorprendidas por la decisión de Farah fue la diputada nacional Myriam Bregman (PTS/FIT-U), que fue hasta los tribunales de Retiro para apoyar el reclamo judicial contra el protocolo con el que Bullrich pretende impedir las movilizaciones que corten calles. “En forma intempestiva y en solitario, un juez de la Cámara se apuró a quitarle la causa Casanello a minutos de realizarse la segunda audiencia de hábeas corpus. Considerando el tema, es un atropello total por el momento elegido y por la historia que tienen esas causas en nuestro país”, advierte Bregman.

Todo indica que el equipo de abogadas y abogados que trabaja en el tema va a reeditar los argumentos que ya había dado el Juzgado 28 para no intervenir en la causa: el protocolo fue dictado por una autoridad nacional, lo aplican las fuerzas de seguridad federales y rige para todo el país –no para la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene competencia la justicia de instrucción. Posiblemente también afirmen que hay una denegación de justicia porque hace dos meses que los tribunales juegan al Gran Bonete con la presentación contra el protocolo.

“Estamos preocupados”, afirma Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Pasan los días, pasan las marchas y hay consecuencias sobre la aplicación de este protocolo, pero ningún juez estudia su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Lo paradójico es que sí lo hicieron tres relatores de Naciones Unidas, pero no lo hace ningún magistrado local”.

Por Luciana Bertoia

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