Los clientes “narcos” del ministro de justicia de la Nación
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no quiso quedarse afuera de los anuncios rimbombantes que viene haciendo el gobierno de Javier Milei para declamar su intención de luchar contra el narcotráfico en Rosario, sobre todo cuando afloraron cuestionamientos porque él o su estudio jurídico defendieron a narcos. El funcionario firmó una resolución para que todas las investigaciones que se sustancien en Rosario queden –en tan solo cuatro días– en cabeza de los fiscales. Lo que empezó como una idea para mostrarse activo en el combate contra la violencia generada por el tráfico ilegal de drogas terminó en un dolor de cabeza porque el procurador interino, Eduardo Casal, le aguó la fiesta: en una nota, le respondió que para implementar un cambio de sistema se necesitarían, al menos, tres meses.
Este jueves por la mañana empezó a circular una resolución de Cúneo Libarona en la que disponía la plena e inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara Federal de Rosario. El Código procesal –que fue aprobado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– dispone que los fiscales investiguen y que los jueces controlen la legalidad de los actos. Además, los procedimientos dejan de implicar cientos de fojas y se privilegia la oralidad. De esta forma, se busca que los tiempos se acorten.
A finales del mes pasado, Milei había firmado el decreto 188 con el que dejaba en cabeza del ministro de Justicia la decisión de cómo se iría implementando el acusatorio en las distintas jurisdicciones. Producto de ese decreto, Cúneo Libarona apuró la nueva resolución porque dijo que existe un “clamor social” para que se cambie hacia el sistema acusatorio. Según el ministro, el cambio ayudará a mejorar la situación de Rosario. De acuerdo con los datos plasmados en el texto, el gobierno entiende que el 70 por ciento de los homicidios cometidos en Rosario entre 2022 y 2023 fueron ejecutados por organizaciones criminales vinculadas al narco.
De alguna manera, el ministro había adelantado que avanzaría con este cambio un día antes. En sus redes, anunció que para paliar la situación de Rosario preparaba un cóctel que incluye el sistema acusatorio, la reforma del Código Penal, la cobertura de vacantes, la ley de extinción de dominio, el fortalecimiento de la delegación Rosario de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la creación de un espacio físico en el que converjan la justicia federal, la justicia provincial y las agencias de seguridad e investigación.
Todos esos anuncios se hicieron después de que el columnista de La Nación Carlos Pagni publicara que Cúneo había defendido al narco Miguel “Mameluco” Villalba. El ministro dijo que, en realidad, lo había patrocinado su hermano Matías, con quien comparte el estudio jurídico familiar. Después se agregaron otros nombres a la lista, como Mario Segovia –conocido como el Rey de la efedrina– y Sergio Varisco, el exintendente de Paraná por Cambiemos, que terminó con una condena a seis años y medio de prisión por la comercialización de estupefacientes. En los tribunales catalogan la iniciativa como un “salto hacia adelante”, una forma de ganar tiempo ante las críticas cada vez más agudas.
La resolución de Cúneo cayó como una balde de agua fría entre los fiscales que no habían recibido ningún preaviso. Hubo reuniones virtuales entre quienes están en la provincia de Santa Fe y los funcionarios de la Procuración. Después, Casal distribuyó una nota –a través del sitio web Fiscales– donde le decía a Cúneo que la voluntad está pero que faltan los recursos y tiempo.
Casal le recordó que en Salta se puso en marcha el acusatorio, pero que ese cambio llevó al menos tres meses de preparación. Además, le recordó que es necesaria la adecuación edilicia. Es un problema porque el lema del gobierno de Milei es “plata no hay”. También le subrayó que necesita diseñar un esquema de seguridad para que trabajen los fiscales en plena escalada de la violencia en Rosario.
Entre los fiscales destacaban que era imposible pensar en un cambio de sistema de un día para el otro porque básicamente ni siquiera está creada la oficina judicial, que es el órgano central del acusatorio porque a través de ésta se asignan las distintas audiencias.
Casal no parece tener una relación fluida con el ministro, que rápidamente salió a decir que tiene un candidato para la Procuración, que quedó vacante desde que Mauricio Macri forzó la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Semanas atrás, el procurador le frustró otra de sus grandes ideas –que ya existen: la creación de una fiscalía anticorrupción.
La resolución de Cúneo Libarona llegó a la Corte, al Consejo de la Magistratura, a Casaciòn y al Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich no quiso quedar atrás en la disputa mediática con su colega de gabinete y anunció una unidad antimafia. La ministra aprovechó para invitar a los fiscales Diego Iglesias (Procunar) y a Santiago Marquevich (Ufeco).
Desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) le salieron al cruce a Cúneo. El gremio que lidera Julio Piumato tildó la propuesta de imposible y temeraria, y decretó el estado de alerta y movilización. Mientras los ánimos se recalientan, jueces y fiscales empezaron a recibir invitaciones para un acto que se hará el martes en la Casa Rosada para anunciar la implementación del Código Procesal. Si le da la prórroga que Casal pidió, tendrá para exhibir su primera intentona fallida.
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