Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo los postulantes para la Corte Suprema de Justicia
Milei postuló a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para el supremo tribunal. El Gobierno juega un pleno en la Corte para garantizar la suerte del “plan motosierra”. La Casa Rosada candidateó a un juez de Comodoro Py con buenas relaciones con el PJ y a un catedrático antiaborto y especialista en temas petroleros. Los entretelones.
Javier Milei decidió postular para la Corte Suprema al juez federal Ariel Lijo, emblemático de Comodoro Py, y al abogado Manuel García-Mansilla, decano de Derecho de la Universidad Austral, antiaborto y experto en hidrocarburos. Al magistrado lo propuso para ocupar el lugar que dejó al jubilarse Elena Highton de Nolasco. Al catedrático, para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, a quien le avisó en el comunicado de la “Oficina del Presidente” publicado en las redes sociales, que espera que se jubile en diciembre cuando cumpla 75 años. La elección de dos varones y ninguna mujer implica la de decisión de ignorar el criterio del decreto 222/2003 que llama a tener en cuenta que las designaciones en el alto tribunal cubran “diversidades de género, especialidades profesionales” y “un sentido regional y federal”, una norma paradigmática de Néstor Kirchner que el Gobierno también anunció que modificará.
La jugada
La novedad deja a la vista la intención de la Casa Rosada de hacer pie en el máximo tribunal, donde se jugará el destino de todas las aristas del “plan motosierra”. De hecho, los supremos ya tienen una decena de expedientes contra el DNU 70/2023, que vino a desregular la economía y a derogar o modificar cerca de 300 normas que ya afectan de manera rotunda la vida de la ciudadanía (como con los aumentos de las prepagas y la derogación de la ley de alquileres). De todos modos, todavía está por verse si los candidatos consiguen los dos tercios en el Senado, donde no hubo aviso ni consultas del Poder Ejecutivo sobre este tema a ningún bloque, ni a los propios. No hay garantía de que allí puedan juntar los votos. En esa Cámara, por lo pronto, fue rechazado el DNU.
En el Congreso hay quienes entreven en el anuncio una presión o advertencia hacia los supremos. Más allá de que el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, haya ido a la Casa Rosada a mostrar su aval a la implementación del Código Procesal Penal como reacción ante la violencia y el crimen organizado en Rosario, para otros asuntos en el Gobierno lo miran con desconfianza.
Un eventual nombramiento de Lijo y García-Mansilla podría impactar al interior de la Corte. Hoy existe un bloque mayoritario que integran Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda. Lorenzetti, enemistado con Rosatti, hace su juego y esto incluye haber cultivado un fuerte vínculo con ciertos jueces federales de los tribunales de Retiro. En particular con Lijo, quien le debe la insistencia con su nombre ante Milei para la vacante que dejó Highton de Nolasco en noviembre de 2021 y que el gobierno de Alberto Fernández vio pasar sin postular a nadie. Lorenzetti se relacionó con todos los presidentes en las últimas dos décadas.
En el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, admitirían injerencia en la propuesta de García-Mansilla. Ambos son viejos conocidos. Aunque el aspirante, al parecer, desembarcó en la danza de nombres vía Santiago Caputo. Llevaría también otros avales, empresariales y de la corporación católica de derecha. En el grupo supremo mayoritario tienen un buen concepto de él. No es para menos: respaldó la designación de Rosenkrantz y Rosatti que intentó Mauricio Macri por decreto, sin pasar por el Senado, y fue crítico del juicio político durante la gestión anterior. García-Mansilla y Rosenkrantz, que tienen trato, serían la dupla más liberal de la Corte si avanzara el acuerdo.
García-Mansilla es el hombre que el Ejecutivo anunció para reemplazar a Maqueda de una manera peculiar: el comunicado dice que Milei lo propone “para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley”. Agrega que para esto también modificarán el decreto 222/2003 que establece que la postulación de un nombre para la Corte recién se hace una vez que se produjo la vacante, dentro de los 30 días. Le agradece “su distinguida labor” y “extensa trayectoria en los tres poderes del Estado”. Señala la expectativa de que la Justicia “defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”, todo un mensaje para los magistrados. “Que Dios bendiga a los argentinos y las fuerzas del cielo nos acompañen”, termina el texto.
Aquel decreto 222, bautizado como el de “los tres patitos”, hizo historia. Se publicó cuando el entonces presidente Kirchner promovió la renovación de la “mayoría automática” vieja Corte menemista. Creó un mecanismo para transparentar los nombramientos en el alto tribunal, con dos instancias –una en el Ministerio de Justicia y otra en el Senado– donde la sociedad civil puede hacer sus observaciones y, en el Congreso, participar de la audiencia pública previa al acuerdo. Además estableció algo novedoso por entonces: que se posibilite al momento de integrar la Corte “la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”. El tribunal tuvo dos mujeres en función de esa norma, junto a Highton de Nolasco, Carmen Argibay. Antes había había una sola mujer en la historia del tribunal.
La decisión de Milei de designar sólo varones fue cuestionada en el ámbito judicial y político. La Asociación de Mujeres Jueces emitió un comunicado donde le pide que e su atribución de proponer a los supremos, “de pleno cumplimiento a los mandatos constitucionales, convencionales y reglamentarios argentinos que garantizan la igualdad entre varones y mujeres”. Recuerda: “A lo largo de su historia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido 109 jueces varones, solo 3 fueron mujeres. Esto representa un desalentador 2,7% de participación femenina en máximo tribunal. Es hora de garantizar una representación equitativa en la más alta instancia de justicia del país”.
Quién es quién
* Ariel Lijo tiene 55 años y lleva casi 20 como juez federal en Comodoro Py, cargo para el que concursó y fue nombrado en 2004, en la misma tanda que Daniel Rafecas, Julián Ercolini y Guillermo Montenegro. Había empezado como meritorio, pasó por una defensoría y una fiscalía y llegó a secretario de la mano de la fallecida camarista federal Luisa Riva Aramayo, que fue referente del menemismo en la justicia. Casi desde siempre es conocido por su cintura política, su manejo de los tiempos de las causas y por tener ascendencia sobre buena parte de los juzgados y otros despachos del mismo edificio. Con esa habilidad, y siempre cerca de Lorenzetti, fue uno de los fundadores de la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (AJUFE). Dicta clases de Derecho Constitucional en la UBA, de donde es graduado. Sorteó denuncias en el Consejo de la Magistratura, empujadas a menudo por Elisa Carrió, detractora también del supremo Lorenzetti.
Tuvo varios expedientes de alto impacto. Procesó y detuvo al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone. Lijo mandó a juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA a Carlos Menem, al exjefe de la Side Hugo Anzorreguy, al ex juez Juan José Galeano, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros. Cuando tuvo la causa por las coimas que admitió Siemens para realizar los DNI en la época del menemismo, indagó a empresarios pero no resolvió su situación ni avanzó sobre funcionarios. Algo similar hizo, más recientemente con el caso del Correo, por una maniobra del gobierno de Macri para licuar la deuda millonaria de la empresa postal de la familia. Indagó al entonces ministro de Comunicaciones, otro funcionario y dos directivos en 2019 pero nunca definió si los procesaba o no. Al expresidente no lo incluyó en la causa. Ahora tiene los pedidos para que Milei declare y especifique su denuncia pública diputados/as a los que llamó “coimeros”.
*El abogado Manuel José García-Mansilla, de 53 años, además de ser decano en la Universidad Austral –de donde también egreso Rosenkrantz– es hace una década director de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, tópico de sumo interés para el gobierno libertario. Se presenta como especialista en Derecho Constitucional, Oil&Gas y Derecho empresario. Tuvo un paso de tres años por el Estudio de Horacio Tomás Liendo, director del BCRA y secretario de Coordinación del Ministerio de Economía del gobierno de Menem. Es socio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como el “de la calle Montevideo”. Tiene posgrados, otros diplomas y estudios en el exterior. Se lo conoció como asiduo tuitero pero cerró su cuenta poco antes de que se anunciara su candidatura a la toga.
García-Mansilla expuso su posición contra la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado en 2019 cuando se discutía la ley. Allí dijo que “el aborto es un delito”, más allá de las causales de no punibilidad. “El derecho al aborto no existe”, sostuvo. Es la posición tanto de Milei como de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En sus columnas en el diario La Nación escribió contra la ex jueza de Casación Ana María Figueroa, en consonancia con la Corte que la obligó a dejar el cargo aunque tenía pendiente un nuevo acuerdo del Senado al cumplir 75 años; cuestionó en 2020 la intervención de Vicentin invocando la inviolabilidad de la propiedad privada (otro hit libertario), entre otros temas. En un comunicado le agradeció a Milei la nominación y dijo que si le dan acuerdo actuará “de forma recta e imparcial, sin distinción de persona alguna, respetando siempre la Constitución”. A juzgar por sus escritos y especialidad empresaria, podría tener muchos casos donde excusarse.
Por Irina Hauser
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