Negacionismo institucionalizado
Tras la multitudinaria movilización en el Día de la Memoria. El ataque oficialista contra Estela de Carlotto. Luego de la marcha masiva del 24 de marzo, el Gobierno apuntó todos sus cañones contra Estela de Carlotto. Funcionarios la cuestionaron, aliados políticos plantearon un repudio en el Congreso y un fiscal de Mar del Plata se apuró a presentar una denuncia penal contra ella por una frase sobre la actual administración nacional. El fiscal no es otro que Juan Manuel Pettigiani, quien está actualmente bajo investigación por una auditoría ordenada por la Procuración General de la Nación, por denuncias de maltrato laboral y por su rol opaco en causas de narcotráfico y trata de personas. Dentro del Poder Judicial federal, estiman que la denuncia contra Carlotto es un intento de hacer buena letra con el oficialismo ante los problemas judiciales que se le avecinan.
El gobierno de Javier Milei pasó un día negro con las dos marchas del 24 de marzo, que fueron muy masivas y que no pudo opacar con la publicación de un spot negacionista protagonizado por un ex jefe de la ex SIDE menemista y hermano de uno de los hombres del gabinete de Jorge Rafael Videla. Los medios aliados a Milei intentaron poner el foco no en la marcha sino en unas palabras que pronunció Carlotto en la Plaza de Mayo: “Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido”, dijo la titular de Abuelas. “Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango inconstitucional”, indicó la dirigente de derechos humanos. Desde ese momento, todas las miras del oficialismo y de sus aliados se dedicaron a apuntarle a Carlotto.
Comenzó la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya militancia negacionista le dio el lugar que tiene hoy, pero la siguieron una horda de trolls. “Carlotto, a vos no te votó nadie, votó a Javier Milei. Respetá al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también”, fue el exabrupto de la vicepresidenta que funcionó como señal de largada para todo tipo de agresiones.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fustigó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: “Todavía algunos no se enteraron que el presidente Javier Milei fue votado por el 56 por ciento de los argentinos. Gente absolutamente fuera de época”, aseguró el funcionario, quien utilizó esta polémica para eludir la masividad de la marcha, con claras consignas en contra del gobierno actual. Luego, el ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó como “lamentable” a la frase de Carlotto.
El oficialismo contó con apoyo del PRO: la diputada Sabrina Ajmechet presentó un proyecto de declaración para repudiar a Carlotto. “Carlotto repudió la dictadura militar sugiriendo un golpe contra un presidente elegido democráticamente”, interpretó la diputada.No tuvo suerte en la impiadosa red antes llamada Twitter, donde algunos usuarios le recordaron a Ajmechet declaraciones bastante más reñidas con la democracia, como cuando se lamentaba de no atropellar con su auto a manifestantes de la Escuela Carlos Pellegrini:
Por su parte, el dirigente sindical Pablo Moyano consideró que a Milei hay que “derrotarlo con los votos” y no buscar que termine su mandato de forma anticipada. “Eso no quiere decir que no vamos a reclamar todos los días con movilizaciones, y con paros para defender los derechos que cada argentino tiene”, destacó Moyano. “A Milei hay que cansarlo con la gente en la calle, reclamando, denunciando, tratando que en el Congreso no pasen la Ley Ómnibus y el DNU”, indicó.
Un fiscal precoz
A la discusión política se sumó velozmente una denuncia penal. La hizo el fiscal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani, quien denunció a Carlotto por los presuntos delitos de rebelión y amenaza de rebelión, que prevén penas que llegan hasta los 15 años de prisión.
Pettigiani interpretó que las declaraciones de Carlotto son “una incitación a la acción violenta, incompatible con la Constitución Nacional, y que resulta castigada por el Código Penal”. “La discusión pública debe darse dentro de los límites que plantea nuestra Constitución y no mediante expresiones violentas y antidemocráticas”, sostuvo el fiscal, cercano a los grupos de ultraderecha de esa ciudad.
“El llamado a que el Presidente de la Nación ‘se vaya rápido’ constituye una incitación a despojarlo de su cargo mediante el uso de la fuerza, pues esta constituye la única forma en que dicha amenaza se puede concretar. Tales aseveraciones, en el lugar y contexto en que fueron vertidas, constituirían la amenaza de rebelión”, aseguró en un esfuerzo de la interpretación. Además, sostuvo que las declaraciones fueron hechas en un “contexto de violencia” porque en otra parte de la marcha, alguien quemó un muñeco de Milei. Además, responsabilizó a Carlotto por las amenazas que habría recibido en redes sociales la vicepresidenta Villarruel.
Pettigiani está enfrentando una auditoría ordenada por el procurador interino Eduardo Casal, a raíz de una larga lista de denuncias de empleados judiciales por maltrato laboral. También se investiga su morocidad para avanzar en causas por trata de personas y por narcotráfico y la costumbre que tiene de intervenir en causas, ver el expediente y luego excusarse diciendo que tiene un amigo entre los acusados. La auditoría que lanzó Casal abarca a toda la jurisdicción, no sólo a Pettigiani. Pero en el ámbito judicial se presume que él se vería seriamente en problemas con los resultados que va a arrojar.
Pettigiani también chocó con el juez Alejo Ramos Padilla en la causa por asociación ilícita y violación a la ley de inteligencia, en la que el fiscal buscó defender y proteger a otro fiscal involucrado: Carlos Stornelli. Sin ruborizarse, Pettigiani impulsó el sobreseimiento de su colega involucrado en la causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio.
También tuvo una participación polémica en la causa de los neonazis de Mar del Plata: intentó conseguirles una probation, pero fracasó y fueron condenados. A un secretario de su juzgado lo echó, tirando sus pertenencias, porque no acató una orden que dio desde Japón de pedir la libertad de los neonazis.
Sectores del Poder Judicial interpretan que, con la denuncia contra Carlotto, Pettigiani está buscando construir un paraguas para presionar a Casal ante los problemas que puede enfrentar a futuro. Por otro lado, la enemistad de Pettigiani con Abuelas no es novedosa: en Mar del Plata, cuando ocurrieron los juicios por la verdad, intentó echar a Abuelas e HIJOS de la casita donde funcionaban frente al hospital materno infantil.