Argentina ¿paraíso fiscal?
¿Argentina camino a convertirse en un paraíso fiscal?
Un festival de resoluciones para eliminar controles a sociedades extranjeras y off-shore
La IGJ de Milei ya firmó diez resoluciones que eliminan la tarea de control y fiscalización del organismo y desregula la operación de sociedades extranjeras, sociedades vehículo y off shore, a las que ya no se les exige adecuarse a la ley argentina. La meta es atraer inversiones, pero el descontrol abre las puertas a sociedades que se usaron para operaciones ilícitas. Una a una, todas las resoluciones y la infaltable “comisión de amigos”.
El martes de la semana pasada el actual Inspector General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, se reunió con miembros de la Cámara Argentino-Británica (Brit-Cham) y les anunció con bombos y platillos que estaba a punto de firmar una disposición para eliminar los controles para inscribir sociedades extranjeras y “sociedades vehículo” en Argentina. Enseguida, en efecto, fue publicada la resolución general 10/2024 que no sólo otorgó ese beneficio sino que a las empresas off shore ya no se les exigirá adecuarse a la ley argentina y podrán inscribirse como cualquier otra sociedad en la IGJ. El objetivo, dijo, es “atraer inversores extranjeros” para “promover emprendimientos que contribuyan al desarrollo nacional y que generen empleos”. Es la justificación de una serie de resoluciones que prometen un “viva la pepa” a medida de formas societarias que se han usado para ocultar operaciones ilícitas.
Una posibilidad es que Argentina esté rumbeada a convertirse en un paraíso fiscal, algo que también quiso siempre el macrismo al punto de intentar convertir a la Ciudad de Buenos Aires –sin éxito– en uno. Pero se suman otras cuestiones: es conocido que las off shore son utilizadas para que no se conozca a su beneficiario real y para eludir impuestos en el país donde recalan. El argumento es que tributan en su país de origen, que suele coincidir con alguna guarida como Delaware o Luxemburgo u otra donde no haya régimen tributario o sea insignificante. Es decir, no pagan sus tributos acá y eso implica una pérdida de recursos estatales. El despojo tiene otra arista: las empresas extranjeras miran con ganas estas tierras por los recursos naturales, principalmente el litio, también la minería y los hidrocarburos.
Controles, ¡afuera!
Desde que asumió como inspector general, Vítolo firmó ya diez resoluciones que paradójicamente lo dejan sin funciones, porque liberan buena parte de los controles sobre las sociedades. Fiscalizarlas es, en rigor, la razón de ser de lGJ. En la reunión con la Brit-Cham Vítolo dijo que analizaba convertirla en un “servicio económico de interés general”. Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial derogan limitaciones y filtros que había establecido la gestión de Ricardo Nissen para evitar fraudes, evasión, lavado de dinero, entre otras cosas.
* “Un 35 por ciento de las empresas extranjeras son falsas. Suelen ser argentinas, pero se inscriben con una participación mayoritaria como extranjeras”, dijo Nissen a PáginaI12. Esa cuota predominante no aparece a nombre de los verdaderos socios, que dejan de existir como individuos y pasan a ser sociedades constituidas (a menudo) en alguna guarida. Es el modo de liberarse de responsabilidades. Como la estrategia impide que un tercero –como un acreedor o socio minoritario– pueda demandar a la sociedad extranjera, el exinspector había establecido que debían tener sí o sí una garantía o caución por posibles daños y perjuicios. Esto fue eliminado en la resolución 5/2024 y quedaron exentas de presentar garantías. ¿Qué pasaría ante una quiebra o un vaciamiento? Es posible que nadie responda a los reclamos.
*También se eliminó la obligación de que las empresas entreguen información y quede registro del contenido de las asambleas. Esa exigencia fue impuesta por Nissen porque los escribanos/as mandaban las actas asamblearias solo con la designación de autoridades y luego ponían puntos suspensivos. La resolución 3/2024 de Vítolo anuló esa fiscalización, con el argumento de que no se puede “obligar a colocar en la esfera pública información, expresiones, debates, decisiones y resoluciones de naturaleza privada”. La cuestión de fondo es que las grandes empresas buscan ocultar sus ganancias y en especial los dividendos. Algunos también lo hacen para ahorrar en fojas notariales.
*En otra resolución, la 7/2024, el nuevo inspector eliminó las restricciones a las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), que habían sido creadas por el gobierno de Mauricio Macri. Fueron presentadas como una forma “de apoyo al capital emprendedor”. En su versión original las SAS se podían constituir en 24 horas en forma digital, con un capital mínimo, con objeto múltiple, sin control de legalidad ni exigencia de presentar balances. Nissen y su equipo detectaron que eran muy pocos los emprendedores: las SAS eran usadas para cometer delitos como evasión, fuga de capitales, lavado de dinero y narcotráfico.
Sobre narcotráfico se descubrió que miembros de la banda de Los Monos crearon SAS desde la cárcel. Otro hallazgo reveló cómo una SAS operó con una empresa off shore. N-BA SAS se constituyó en Mendoza en febrero de 2023 con un capital de 200.000 pesos y con el domicilio del estudio del abogado Fernando Pérez Hualde. Tres meses después le compró a Raghsa S.A varios departamentos en Puerto Madero por 5,6 millones de dólares. El dinero provenía de una off shore que se había creado el mes previo. Nissen exigió justificar el domicilio social, aplicar control de legalidad, presentar estados contables y suspendió el plazo 24 horas. Ahora Vítolo anuló todos esos requisitos que habían frenado la multiplicación de SAS y los delitos cometidos a través de ellas.
*La resolución 2/2024 habilitó las sociedades de “objeto múltiple”, que dejan de lado el “principio de la especialidad”. Esto permite tener siempre lista una sociedad constituida con una lista variada de cosas a las que se podría dedicar. Se usan mucho para comprar inmuebles.
* La última resolución (10/2024), que anula el régimen de fiscalización de las empresas extranjeras, de las empresas vehículo y las off shore, es casi una confesión de que el gobierno de Javier Milei no le hará asco a estructuras societarias que pueden ser usadas para delinquir. Las sociedades vehículo son firmas argentinas controladas por una extranjera (puede ser off shore) y se supone que buscan hacer inversiones o participar de otra sociedad.
La novedad es que se les elimina el requisito de presentar planes de inversión a la IGJ; se reducen exigencias para cumplir con el Régimen Informativo Anual; se habilita la inscripción en cualquier jurisdicción sin importar si tiene actividad en otro lado (hasta ahora había maniobras para inscribir en Mendoza y Córdoba, con regímenes más laxos); se puede inscribir más de una sociedad vehículo por grupo societario (antes no); también sociedades vehículos resultantes de una cadena de control entre sucesivas sociedades unipersonales, entre otras. A las off shore ya no se les exige adecuarse a la ley argentina (lo que era una obligación previa) y pueden inscribirse como cualquier otra sociedad en la IGJ.
En concreto, permiten tener ventajas impositivas y son aptas para el lavado de dinero. Sirven también para ocultar bienes de un socio en caso de divorcio y para dejar fuera de la herencia a un heredero.
La infaltable comisión de amigos
“La IGJ que me tocó conducir tenía un criterio absolutamente contrario al actual. Ahora buscan evitar responsabilidades patrimoniales y abren la puerta a todo tipo de delitos”, señaló Nissen. Recordó que tanto el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona como Vítolo apuestan que todo lo que se está haciendo vía resoluciones quede plasmado en una nueva Ley de Sociedades. Para eso, se hizo lo mismo que con la reforma del Código Penal: convocar a una comisión para “la reforma integral del Régimen Legal Societario”. Una coincidencia entre ambas comisiones es que no están integradas por grandes juristas con reconocimiento.
Nissen contó en una nota en El Cohete a la Luna, que Marcelo Gustavo Barreiro y Carlos María Rotman, nombrados coordinador y vice, se conocen con Cúneo de la cancha de Racing. El primero transita como abogado del fuero comercial. El segundo fue camarista. Hoy integra el estudio Brouchou & Funes de Rioja, ligado al mundo empresario y que colaboró con la redacción del DNU 70/2023 y la Ley Bases. Diego Arturo Jaime Duprat, Gabriela Silva Calcaterra, Sebastián Balbín, Ricardo Cony y Fernando Pérez Hualde son grandes defensores de las SAS. El último, mendocino, es quien dio su domicilio a la SAS que compró los millonarios inmuebles en Puerto Madero con plata de una off shore. Calcaterra enseña Derecho societario en la Universidad de Rosario.
Marcelo Julián Hernández es secretario de la comisión y participa del foro Libertad y Democracia que fundaron exmandatarios de derecha y centroderecha (desde Jeanine Añez, condenada en Bolivia por el golpe contra Evo Morales, el expresidente colombiano Iván Duque hasta Mauricio Macri). Ricardo Cony Etchart es apoderado de Macri y familiares. De Mariano Loprete no se conocen antecedentes académicos. Juan Ignacio Petra Cremaschi, es asesor de Cúneo Libarona y profesor en la UCA. Maximiliano Stegman tramita expedientes en la IGJ. María Lujan Villanueva es profesora en Derecho de la UBA. Participó de una comisión para reformar la ley de Sociedades en 2019 que no prosperó. Como camarista comercial –cargo que dejó el año pasado– votó contra la paridad de género en asociaciones y sociedades. Siete de los miembros son de la Universidad Austral.
No se vislumbra un gran debate en el grupo, que bajo lineamientos de la Jefatura de Gabinete y grandes estudios de abogados parece encaminado a habilitar que las estructuras societarias (incluidas las extranjeras y off shore) que son propicias para el fraude y graves delitos, infiltren la economía argentina. La soberanía, bien gracias.
Por Irina Hauser
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