Crisis institucional en Misiones: policías y docentes reclaman recomposición salarial
Misiones es la primera provincia argentina que ingresa en una crisis institucional a partir del ajuste que aplica el gobierno nacional y que derrama sobre las provincias. Los sucesos indican que no hay una solución a la vista y que existe una impasse en la cúspide del poder político. A pesar de la decisión de un juez, que ordenó el desalojo del Comando de policía, nadie se hizo cargo de llevarlo a la práctica. En otras palabras, tanto la jefatura «leal» al gobernador Hugo Passalacqua como la Gendarmería dejaron que durante el fin de semana siguiera la toma y el acampe que lo acompaña desde la calle.
Los gendarmes responden al Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich. La funcionaria armó un Comité de Crisis con las autoridades locales, que hasta ahora no ejecutó la orden del juez de desalojar el cuartel policial.
El gobernador misionero se ha mostrado más que proclive a apoyar al gobierno de Javier Milei: los siete diputados misioneros votaron a favor de la Ley Bases y se espera que hagan lo mismo los senadores. Es una consecuencia del acercamiento realizado por el ministro del Interior, Guillermo Francos.
La protesta policial no sólo desafía la orden de desalojo del juez. También hace oídos sordos al aumento salarial dispuesto por el gobierno provincial para acallar la protesta. Esa era la principal reivindicación y pedía una suba del 100%. El aumento ronda la mitad y si bien no fue rechazado de manera formal, ha sido considerado insuficiente por los amotinados.
El jefe de la Policía provincial, comisario general Sandro Martínez, aseguró ayer que «estamos trabajando en toda la provincia normalmente», pero obvió que si bien la base de la protesta la conforman policías retirados, también participan efectivos en actividad que van al lugar después de su jornada de trabajo, según refirieron los medios de Posadas.
Passalacqua encabezó ayer la primera reunión del Comité de Crisis. Allí anunció que su gobierno presentó una denuncia penal contra los policías por «robo y hurto calificado, sedición e incitación a la violencia e interrupción de comunicaciones y transportes, entre otros delitos».
El amotinamiento policial tapó la pelea de los docentes y estatales por el aumento salarial y en contra del ajuste de Passalacqua, que aplicó su propia receta para acompañar la política de Milei.
Los docentes hicieron paro toda la semana pasada y cortaron rutas provinciales a pesar de las amenazas de Gendarmería de desalojarlos a los tiros. Los docentes se mantienen firmes en su posición y amenazan con más medidas de fuerza.
Cuando no sepas qué hacer, armá un comité de crisis. Es uno de los axiomas de la política clásica, esa que el gobierno libertario tanto denosta y que sin embargo aplica con extremo conservadurismo. Y un Comité de Crisis (ese mismo que creó en el temporal de Bahía Blanca de fin de año o tras los bombardeos de Irán a Israel, sin resultados en ningún caso) es lo que justamente dispuso el Ejecutivo nacional en Misiones, donde recrudece una crisis por reclamos salariales y de condiciones laborales (con el temor de que se expanda a otras jurisdicciones si el ajuste persiste): primero fueron los docentes, que cortaron rutas y protestaron frente a la Legislatura; y ahora también los policías se acuartelaron.
El ajuste nacional empieza a mostrar sus consecuencias en los distritos y en el territorio. Tanto por el recorte de los fondos a las provincias como por la baja de la coparticipación (sumado a un menor consumo de la población). En Misiones empezaron los docentes y personal de la salud, y en las últimas horas aparecieron los efectivos policiales a reclamar algo similar: un 100% de aumento.
El epicentro es el edificio del Comando Radioeléctrico, en la Avenida Uruguay de Posadas. La arteria fue bloqueada por los trabajadores de la seguridad. El titular del Juzgado de Instrucción Seis, Ricardo Balor, junto con el director General de Seguridad y el fiscal Casals, se reunió con los efectivos de la fuerza para intentar mediar en el reclamo, asegurando que existe una orden de desalojo que trasladaron a Gendarmería.
Paralelamente, se oficializó un aumento salarial para este mes, tanto en el sueldo básico de todas las jerarquías como en las horas extras. Se espera la respuesta de los efectivos y retirados de la fuerza que tomaron el Comando Radioeléctrico.
“El Gobierno de la Provincia de Misiones, en continuidad con los incrementos de este año, ha establecido una recomposición salarial para los integrantes de ambas fuerzas de seguridad (Policía y SPP) en el mes de mayo de 2024”, se anunció oficialmente.
El comunicado detalla que “dicho incremento será en el sueldo básico de todas las jerarquías, resultando en un sueldo de bolsillo de $467.759,90 para un Agente de Policía, $558.778,67 para un Sargento”. Aumentos que, de efectivizarse, serían de un 15%, lejos del 100% reclamado.
Comité de Crisis
Ante esa situación, y el pedido del gobernador de Misiones Hugo Passalacqua (en días donde la Nación negocia con las provincias la aprobación de la Ley Bases), la administración de Milei confirmó el Comité de Crisis.
En Boletín Oficialse sostiene que el Comité de Crisis será presidido por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y copresidido por el gobernador, y estará integrado por los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.
Se deja constancia que la ministra de Seguridad delega en el secretario de Seguridad, y el Gobernador podrá delegar en el ministro de Gobierno de la Provincia de Misiones, la supervisión operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad a empeñarse en operaciones de seguridad interior.
También se deja constancia que desde el Comité ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad. Sostuvieron que «unos 200 gendarmes y otras fuerzas federales serán comandadas para resolver la situación en curso.»
Consecuencias
Como suele suceder en reclamos de fuerzas policiales, quienes se muestran más activos son los retirados. “Vamos a seguir acá hasta las últimas consecuencias”, advirtiópor la noche Ramón Amarilla, policía retirado y referente de la mesa de diálogo, ante los casi mil efectivos que llevan adelante una protesta por mejoras salariales frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas.
Trascurridas más de 17 horas desde el inicio de la medida de fuerza, Amarilla volvió a tomar el micrófono en medio de la avenida Uruguay para reafirmar que hasta el momento el diálogo con el gobierno provincial continúa sin reapertura y se mantenía la protesta.
Por si faltaba algo, una docena de comisarios de Posadas y Garupá denunciaron como robo el secuestro de patrulleros y una autobomba, vehículos utilizados por los efectivos en la protesta.
“Nuestro reclamo es netamente salarial. Acá no pedimos la cabeza de nadie. No tenemos intereses políticos, solo queremos sueldos dignos y por eso vamos a continuar acá hasta las últimas consecuencias. Esto se va a terminar cuando el gobierno vuelva a dialogar con nosotros”, añadió el vocero policial.
Además sostuvo que el Comando no está tomado, sino que continúa prestando servicio con normalidad. El tránsito sobre la avenida Uruguay continuaba interrumpido, con cubiertas desparramadas por el asfalto y al menos 10 móviles policiales que activan sirenas cuando se suman más colegas.
Otro efectivo, Germán Palavecino, relató: “Nosotros ya hemos hecho los pedidos por las vías correspondientes, notas, escritos, pero nos cerraron la discusión salarial e incluso tomaron medidas represalias para policías y penitenciarios que participaron de la medida. La situación ya no da para más. Pedimos una mejora salarial. En estos últimos cinco meses nuestro sueldo se depreció un 50%, ni siquiera con un aumento de 100% podemos recuperar lo perdido. Lo que pedimos es sencillo, solicitamos que un agente policial pueda atender la canasta básica. Es razonable, no es un descabellado”.
Docentes indigentes
Antes de los policías, fueron los maestros (los mismos a los que en las protestas los propios efectivos suelen amenazar con reprimir). El miércoles se sucedieron diferentes cortes de rutas y movilizaciones de docentes en la provincia en reclamo por un salario digno ante la postergación de las mesas de diálogo para el debate de la actualización salarial. Según publicó Radio UP, los docentes misioneros son los peores pagos del país con un sueldo inicial de $211 mil para el cargo testigo –maestra de grado– sin antigüedad. El conflicto se agudizó con el quite de los fondos de incentivo del gobierno nacional.
En diálogo con ANRed, un docente manifestó: “Somos los peores pagos en el país. Estamos enfrentando un ajuste brutal. Hoy un docente recién iniciado en la provincia está ganando alrededor de 240.000 y el de máxima antigüedad llega a los 394.000”.
Ese miércoles, cuando cortaban las rutas 12 y 14, en San Vicente un gendarme las amenazó: “Lo que yo no quiero es sacar la escopeta y tirarle a un docente”.
Una docente le expresó al gendarme que la situación la llenaba de angustia. “Me voy a poner a llorar. Mis hijos se están muriendo de hambre. Yo soy mamá soltera y voy a luchar por un sueldo digno”, expresó. Asimismo, otro docente exigió que se llamara a los superiores, porque “la cosa está picante y nosotros ya estamos jugados. Podés venir con una artillería pero nosotros estamos jugados”.
Los siguientes días el conflicto se trasladó al a Legislatura. “La cosa está que arde”, fue uno de los tantos gritos que sonó al unísono de parte de docentes que se movilizaron, por segunda vez en una semana, el viernes hacia la Legislatura provincial para reclamar un aumento de salario. Allí lograron sortear los vallados de seguridad y hubo empujones con efectivos policiales que custodiaban el ingreso.
Al igual que lo sucedido el jueves pasado, los trabajadores de la educación decidieron llevar su reclamo hacia el parlamento misionero ubicado en Villa Sarita y la columna de manifestantes avanzó recorriendo todo el microcentro desde la plaza 9 de Julio.
Embanderados, con pancartas de reclamo y altavoces, los manifestantes llegaron a la Legislatura promediando las 19 horas y, a diferencia de la movilización anterior, fueron directo hacia el vallado preparado de antemano para delimitar el acceso.
Dentro del recinto, la sesión legislativa transcurría. Mientras eso sucedía, el diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social (Pays), bajó a acompañar el reclamo.
En paralelo, la seguridad se reforzaba. Por los pasillos interiores comenzaron a desfilar integrantes del GOE e Infantería y se encolumnaron en las alas de ingreso al recinto parlamento.
“La situación no da para más. Lloro porque mis alumnos ya no pueden ni almorzar a mi tampoco me alcanza para ayudarlos. Por estamos hoy acá, porque yo doy mi vida por la docencia. Y nos molesta que no nos escuchen y, para peor, que desde adentro se nos rían en la cara”, lanzó entre lágrimas una maestra que apuntó contra asistentes a la sesión que desde el interior tomaban fotografías de la protesta en medio de risas y cruzando gestos con los docentes.
En su reclamo los docentes solicitan un 100% de aumento en el básico. La semana pasada hubo dos mesas diálogo. Una con los gremios denominados “dialoguistas” y otra con integrantes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL). Ninguna llegó a buen puerto. De parte del gobierno, convocaron nuevas reuniones para el lunes y martes próximo, instancia en la cual prometieron anunciar aumentos, aunque sin precisar porcentajes.
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