Muerte de Maradona: los 8 acusados a juicio por homicidio con dolo eventual

Lo resolvió la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, quien acusó a los imputados de haber cometido un “homicidio simple con dolo eventual”, tal como habían dispuesto el año pasado los fiscales y el juez de la causa. De esta manera, en un futuro juicio oral, los ocho acusados se enfrentarán a un posible pedido de pena de entre 8 y 25 años de cárcel.

La acusación contra el equipo médico que trató a Diego Armando Maradona superó una nueva instancia con la durísima imputación de que el Diez fue víctima de un homicidio simple por dolo eventual, delito que prevé una pena de ocho a veinticinco años de prisión. La Cámara de Apelaciones de San Isidro mantuvo la calificación y, además, la mantuvo respecto de los ocho profesionales que intervinieron, desde el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, hasta los enfermeros. El concepto general es que “tras haber asumido voluntariamente su rol, infringieron sus deberes, colocando al paciente en riesgo por fuera del margen permitido, ocasionando el fatal desenlace que, de lo contrario, hubiese podido evitarse”. La resolución de los jueces Carlos Fabián Blanco, Gustavo Herbel y Ernesto García Maañón será seguramente apelada por las defensas e intervendrá la Sala II de la Cámara de Casacion Bonaerense. Lo más probable es que en esa instancia rechacen los recursos, ordenen la realización del juicio, algo que podría ocurrir recién en 2024 o en el primer semestre de 2025.

El equipo de fiscales que intervino, Patricio Ferrari, Laura Capra y Cosme Irribarren, coordinados por el fiscal general John Broyard, impuso su mirada, primero, porque el juez de Garantías, Orlando Díaz, les dio la razón y ahora porque lo hizo la Sala III de la Cámara de Apelaciones. Pocos pensaban que podrían superar esa instancia con una acusación tan dura: la apuesta mayoritaria es que los camaristas cambiarían la calificación por una mucho menor, la de homicidio culposo, que consiste en producir una muerte, sin intención, pero por una actuación “imprudente o negligente”. El homicidio culposo tiene una pena muchísimo menor, de dos a cinco años, y suele ser el delito típico de la mala praxis médica. También se consideraba que la Cámara podría diferenciar entre los acusados: una cosa es la responsabilidad de quienes conducían el tratamiento y otra la de enfermeros, un médico clínico que estuvo una vez o una coordinadora de la prepaga. En el fallo de 248 páginas, los camaristas le dieron la razón a los fiscales y mantuvieron la imputación contra los ocho profesionales.

Uno de los puntos centrales del fallo de Cámara es que respaldaron las conclusiones de la junta médica convocada por los fiscales y en la que intervinieron 16 especialistas. La junta hizo una enumeración “de las acciones y omisiones que consideró reprochables a cada una de las personas imputadas y que, a su criterio, habrían incidido en el fatal desenlace aquí endilgado”, dice la resolución de la Cámara. “Si bien resulta contrafáctico afirmar que Maradona no hubiese fallecido de haber contado con una internación adecuada, teniendo en cuenta el cuadro en los días previos a su muerte, en un centro asistencial polivalente, recibiendo a atención acorde con las buenas prácticas médicas, concordamos en que hubiese tenido más chances de sobrevida”, aseguro la Junta Médica. El fallo liderado por Blanco dedicó más de 150 páginas a detallar qué dijeron los especialistas de la Junta y qué hizo cada profesional en las dos semanas previas a la muerte, incluyendo una cantidad inusitada de mensajes que se intercambiaron y en los que ya se veía venir el final y hasta las acusaciones penales que sobrevendrían.

La única noticia buena para dos de los imputados, Luque y Cosachov, es que los camaristas revocaron la acusación por falsedad de documentos. Se recordará que en el allanamiento a la casa de Luque se encontró el papel en el que hubo un ensayo de falsificación de la firma de Maradona. Los jueces señalaron que luego efectivamente se falsificó la firma de Maradona para retirar una historia clínica, pero que eso no causó ningún perjuicio. Y en el caso de Cosachov, ella firmó una especie de certificado diciendo que Maradona estaba en buen estado psíquico, algo que no era cierto, pero que tampoco se constituyó en un documento que tuvo un usufructo significativo.

El próximo paso es que las defensas presentarán recursos para llegar a la Cámara de Casación bonaerense. Esas apelaciones se hacen ante la misma Cámara de Apelaciones que resolvió este lunes y es seguro que los camaristas rechazarán el recurso. No obstante, las defensas llegarán a Casación en queja. La Sala II de Casación, que es la que interviene, está integrada por María Fernanda Budiño y Fernando Mancini, que recibirán el expediente dentro de un par de meses. La lógica indica que también rechazarán el recurso porque no se trata de una sentencia firme. La Casación suele intervenir en esta instancia cuando hay una arbitrariedad manifiesta o para resolver la situación de personas detenidas. En este caso, no hay nadie preso y la durísima calificación puede discutirse en el juicio oral.

Si todo avanza normalmente, antes de fin de año Casación le dará el visto bueno al juicio y la causa volverá a San Isidro para que se sortee uno de los siete tribunales orales que existen en esa jurisdicción. Luego, las defensas, la fiscalía y la familia de Maradona propondrán las pruebas y los testigos del juicio y el tribunal fijará una fecha para la iniciación. En la actualidad, en San Isidro, los juicios tienen una demora mínima de ocho meses. Eso hace pensar que las audiencias empezarán en el segundo semestre 2024 o en el primer semestre de 2025. Eso sí, nada será sencillo. Habrá que encontrar una sala que acoja a ocho imputados con sus abogados, fiscales, querellantes y una cantidad inmensa de periodistas nacionales e internacionales. Es algo que no tiene antecedentes en San Isidro.

El equipo de fiscales, ahora respaldados por el juez y por la Cámara, insistirá en la acusación: “los aquí imputados, Leopoldo Luque, Agustina Cosachov (psiquiatra), el licenciado Carlos Díaz, junto con la Dra Nancy Forlini -coordinadora de la prestadora médica-; Mariano Perroni -coordinador de la empresa de enfermería-; Ricardo Almirón y Dahian Madrid, en su calidad de enfermeros, y Pedro Di Spagna, médico clínico, habiéndose representado el resultado fatal ante el grave cuadro de salud que evidenciaba la víctima y que era conocido al menos por todos los profesionales nombrados -enfermedad renal crónica, enfermedad hepática preexistente, cirrosis dual, insuficiencia cardíaca congestiva, deterioro neurológico, adicción al alcohol y psicofármacos, probables enfermedades psiquiátricas sumado al cuadro de abstinencia alcohólica-, ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función, agravando el cuadro de salud de Maradona y colocándolo en una situación de desamparo y abandonándolo a su suerte, ya que provocaron el deceso de Diego Armando Maradona el día 25 de noviembre a las 12.30 en ese domicilio producto de una insuficiencia respiratoria y paro cardíaco”.

En el juicio, las polémicas serán de todo tipo. Los fiscales afirmarán que no sólo hubo mala praxis sino que los mensajes entre los profesionales demuestran que veían los riesgos y no hicieron nada. Incluso que hubo varias advertencias de que Maradona estaba muy hinchado y no se levantaba de la cama, lo que debió encender las alarmas de riesgo cardíaco. Del otro lado, los medicos asegurarán que no hubo un solo diagnóstico previo de problemas cardíacos y, en el caso de Cosachov, que su función era prevenir la consumisión de alcohol o drogas y la autopsia demostró que en la casa de Tigre no hubo tales consumos. Hay otros temas que podrían estar en el centro de la escena. El principal, es que Maradona rechazaba los tratamientos e incluso los controles. No quiso recibir ni al médico clínico ni al acompañamiento terapéutico. De un lado se argumentará que es un derecho de un paciente y del otro lado dirán que Maradona no estaba en condiciones de decidir.

Será un juicio muy controvertido, posiblemente con doscientos o trescientos testigos y una extensión de seis meses o más. Por Raúl Kollmann, pagina12.com.ar

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