El ex administrador de la Corte declaro en comodoro Py: responsabiliza a los supremos por los desmanejos en la obra social judicial
“Ejercen presión sobre potenciales testigos”
Guerra en la Corte: Marchi pasó por Comodoro Py, apuntó a Silvio Robles y a los supremos
En su declaración en el juzgado de Lijo, el exadministrador denunció amenazas y una campaña de desprestigio después de sus informes por la Obra Social. También habló del agasajo del 1° de Mayo: “Con ese apoyo ficticio en medio del juicio político generan una advertencia a los demás agentes”, lanzó.
El exsecretario de administración expulsado de la Corte Suprema dos semanas atrás, Héctor Daniel Marchi, buscó responsabilizar a los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN). Fue al declarar como testigo ante el juez federal Ariel Lijo, en una de las causas donde se investigan sospechas por la falta de contabilidad, balances, sistema de gestión y control de los fondos de esa institución que da cobertura de salud a afiliados/as de tribunales. Al vocero de la presidencia del tribunal, Silvio Robles, le adjudicó manejos informales de los grandes asuntos cortesanos y las amenazas recibidas por él y su equipo de trabajo. “En mis informes se denunciaron gravísimas irregularidades”, “luego se ocultaron” “y finalmente me sancionaron”, le dijo al magistrado en alusión a su traslado a la Cámara de la Seguridad Social. Ofreció algunos detalles y reclamó medidas de prueba.
Juicio a la Corte: otra audiencia de alto voltaje por el escándalo de la obra social
Entre los hechos más recientes y llamativos, Marchi –cercano a Ricardo Lorenzetti– citó tres posteriores a su declaración ante la Comisión de Juicio Político que avanza sobre los supremos. Entiende que el fin es desacreditarlo y “ejercer presión sobre potenciales testigos”. Lo que fue presentado como una invitación de los ordenanzas del tribunal a los supremos a comer empanadas a modo de apoyo en la deteriorada “sala de refrigerio” donde suelen desayunar en el séptimo piso, era en realidad –dijo Marchi– un festejo del día del trabajador que fue difundido con ayuda de Clarín como un respaldo inédito. El exsecretario dijo que allí estaba el ordenanza de Lorenzetti y “no es posible que hubiera ido en apoyo”. “Con ese apoyo ficticio en medio del juicio político generan una advertencia a los demás agentes”, declaró. Los supremos presentes eran los que lo habían echado días antes: Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz.
Con igual sentido consideró que operaron un comunicado de la Unión de Empleados de la Justicia y otro del directorio de la OSPJN, que ese gremio integra, y que lo trataron de mentiroso y malintencionado. El exadministrador no ve nada de espontáneo en estos hechos, detrás de los cuales sugiere manejos de Robles, el hombre de confianza de Rosatti que aparecía en los chats filtrados hablando con el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, sobre fallos de alto impacto de la Corte.
Guerra, dinero y poder
La posición de Marchi está marcada por la guerra que atraviesa desde hace tiempo a la Corte Suprema y que se agudizó con el avance del juicio político, donde la acusación por los desmanejos en la Obra Social se convirtió en una de las más preocupantes para los jueces del alto tribunal, también apuntados por otros temas como el fallo del “2×1” a favor de los genocidas, el de reforma del Consejo de la Magistratura, y el de la coparticipación porteña. Pero quedar asociados a posibles actos de corrupción o manejos irregulares de miles de millones de pesos destinados al sistema de salud del Poder Judicial es una de los peores escenarios y manchas para ellos.
Desde que comenzaron a hacerse públicas las sospechas sobre la Obra Social en 2021, con las primeras denuncias penales, los propios cortesanos encomendaron una auditoría y a Marchi le pidieron informes. Con los resultados, su lugar en la Corte empezó a pender de un hilo y más aún cuando se acercaba su declaración en la Cámara de Diputados en el proceso contra los supremos. El propio administrador entendió también que podrían responsabilizarlo a él, quien manejó el dinero del tribunal. La mayoría de tres supremos lo desplazó antes de que fuera al Congreso y sin haber mandado a los diputados/as sus reportes lapidarios. Después de exponer en Diputados le pidió al juez Lijo hacerlo en su juzgado. “Soy una víctima”, se posicionó allí.
Marchi se jacta de haber logrado reservas “por 150 mil millones de pesos” para la Corte y “cero de deuda”. “Ahora peligran”, alertó a la salida de tribunales. “Siempre me he llevado bien con todos los ministros y fui el administrador de la Corte durante las presidencias de Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti, sin objeción alguna durante 15 años. El sólo hecho de que me trasladen inmediatamente después de mis informes sobre irregularidades en la Obra Social es una prueba clara de la conexión entre ambos hechos”, declaró ante Lijo. “Hay información objetiva, contable y probada”, remarcó. “Cuando presenté el primer informe, ya no gustó y por eso Rosatti propuso que se modifique y no sea mensual, sino semestral”, contó.
Posibles responsables
Lijo tramita una causa madre sobre la OSPJN que comenzó con la denuncia de otro gremio, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), sobre dos contrataciones sospechosas: una empresa que debía dar servicios de emergencia que no habría cumplido, pero que habría recibido 100 millones de pesos anuales desde 2008 y otra que debía controlar recetas pero sería un sello de goma. El mismo juez tiene otra denuncia emparentada que toma votos en disidencia de Lorenzetti que dejaban entrever desmanejos de la gestión actual de la Obra Social y presuntos delitos. Aquí es donde se presentó Marchi con el argumento de aportar lo que sabe y denunciar.
Relató que “Maqueda fue quien estuvo a cargo de la Obra Social hasta el 2021. Este hecho es innegable”, dijo, y recordó que el propio juez lo reconoce en un e-mail donde renuncia a esa responsabilidad. Desde la presidencia de Lorenzetti en el tribunal “distribuyeron áreas entre los ministros” y al cordobés le tocó la OSPJN “y pidió expresamente que no se lo incluyera en una acordada”. Según Marchi se creó un directorio en abril de 2008 pero su administración no participaba. En poco tiempo la dirección, quedó solo a cargo de Aldo Tonón, a quien menciona como “médico personal” de Maqueda, quien decidió –declaró– echar a otros dos directores pero “propuso a su secretaria privada Marta Herrera Alem” como vice, aprobada por la Corte. Recién cuando se va Maqueda propone que la administración supervise. Rosatti postuló como nuevo director a Mariano Althabe, “contratado el 15 de octubre de 2021”.
“El control siguió en manos de Maqueda y de Rosatti pues en el directorio siguieron Tonón y Althabe”, precisó Marchi. “Las pruebas de que el control era de Maqueda y luego de Rosatti y Maqueda son contundentes. Es absurdo decir lo contrario, porque si la administración hubiera estado en control de la obra, no me habría criticado a mi mismo”, remarcó en el juzgado. La auditoría y sus informes, dijo, coincidían. Como advirtió en la Comisión le dijo al juez que “el tribunal solo ha publicado el informe número 1 de supervisión” y “en virtud de los acontecimientos es incomprensible que no estén publicados los informes 2, 3 y 4 ni las 30 recomendaciones que dio la Secretaría General de Administración y el acta final de Supervisión, ya que ello dejaría claro todas las dudas que pudieran suscitarse al respecto”. Marchi le sugirió a Lijo que pida a la Comisión de Juicio Político los 94 cuerpos y 18.747 fojas de esos informes.
Le adelantó algo de lo que encontrará: cargos vacantes y la mitad de las actuales con contratos de locación de servicios; sigue operando un software obsoleto y vulnerable; no hay contabilidad, ni presupuestos, y solo balances inciertos; no hay auditorías previas ni manuales de procedimientos; faltan medicamentos (calcula que se perdieron unos 30.000 por 80 millones de pesos); hay compras directas y aumentos arbitrarios a prestadoras de hasta 500 por ciento; se perdieron al menos 3000 millones de pesos por falta de renovación de plazos fijos; no hay controles sobre ingresos, egresos y deudas.
Amenazas e informalidad
“Para entender todo el proceso, es importante entender quién ejerció el control de hecho, la informalidad y los ataques. Silvio Robles es el gran responsable de la persecución y la informalidad”, se despachó el exsecretario. “Robles —continuó— amenazó a varios empleados, diciéndole que maneja a la mayoría de la Corte y que tienen que obedecerlo porque de lo contrario los traslada”. Después que él fue expulsado a alguien de su equipo le dijo, según su descripción: “Vos que sos amigo de ese funcionario y sabemos que se juntan a tomar café y los ven caminando juntos con Marchi, decile que por un tiempo no lo haga porque puede seguir acá o irse a Siberia”.
Marchi precisó que el 15 de diciembre del año pasado fue eliminada la cuenta de e-mail oficial de Rosatti y que la orden la dio Robles por whatsapp a la Dirección de Sistemas “sin haberme informado a mí que era el máximo responsable”. La eliminación de esa cuenta, planteó, sirve para que queden “ocultos todos los movimientos internos”. También le atribuyó al vocero del presidente supremo el ocultamiento del informe de auditoría número 4, que pone en entredicho la gestión actual, la de Althabe. Y lo describió como el artífice de un sistema informal dentro de la Corte donde supuestamente Robles “se maneja verbalmente o por escritos sin firmar ante los funcionarios diciendo que son órdenes de los tres ministros que lo autorizarán luego”.
Todavía no está claro qué peso y consecuencias tendrán las denuncias de Marchi, pese a su gravedad, en tribunales y en el Congreso. Dentro de la Corte hay un trío que por ahora al menos puertas adentro gana la pulseada. Lijo ha tenido más cercanía a Lorenzetti y se maneja con habilidad política. ¿Avanzará? ¿Hasta dónde?
Por Irina Hauser. pagina12.com.ar