Investigan a la ONG REMAR por explotación laboral y trata de personas
Allanaron 38 sedes que la ONG tiene en las provincias de San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Capital Federal. Según la justicia federal, las 498 personas acogidas por esta red cumplían extenuantes jornadas de trabajo sin ningún tipo de pago. Se trata de personas en recuperación de consumos problemáticos de estupefacientes, en situación de calle y victimas de violencia de género.
Tras una extensa investigación, el juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda, ordenó el pasado 11 de julio el allanamiento simultáneo de 38 sedes de Remar, organización no gubernamental que alberga en diversos puntos del país a personas en recuperación de consumos problemáticos de sustancias, en situación de calle, víctimas de violencia de género e incluso, rescatadas de operativos judiciales.
Según publicó la web oficial de Jefatura de Gabinete, durante el megaoperativo llevado a cabo por gendarmería nacional, se relevaron 498 personas con fuertes indicios de que vivían situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral e irregularidades patrimoniales en dicha institución.
Los allanamientos se cumplieron en las provincias de San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Capital Federal. Se trató de un esfuerzo coordinado entre diferentes instituciones como Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Policía Federal, Programa Nacional de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata y Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas.
Lo que dice el informe del Comité Ejecutivo
Si bien, según expresaron fuentes de la Protex, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, se dieron a conocer las conclusiones del Comité Ejecutivo de lucha contra la trata. Allí se estableció que de las entrevistas realizadas a las personas acogidas en Remar, surgen indicios de vulnerabilidad por razones de salud, edad, económicas, violencia de género, adicciones, entre otros.
En la mayoría de los casos, no eran oriundas de la provincia donde se encontraban, incluso se les retenía los teléfonos celulares, documentos personales y tarjetas de débito para la posterior apropiación de los beneficios sociales asignados.
Las personas que pedían refugio a Remar, en su mayoría, eran recibidas y acogidas en los establecimientos donde también trabajaban. Entre las principales actividades económicas se encuentran la venta ambulante, venta de muebles, carpintería, mecánica, construcción y tareas domésticas. En varios establecimientos se encontraron familias con sus hijos, incluso menores de edad que habían sido trasladados sin autorización de sus padres.
Ninguna persona acogida por Remar recibía pago por los trabajos que cumplía y sus jornadas laborales eran extensas. Según detalló el Comité, en algunos casos encontraron documentación de Altas y Bajas firmadas por personas que declaraban su voluntad de realizar trabajo voluntario social bajo la Ley 25.855. No obstante, ese voluntariado estaba sujeto a horarios extenuantes, topes de producción y a destajo y un sistema de premios y castigos.
Asimismo, en todos los casos las personas con alguna enfermedad o discapacidad manifestaron que no recibían atención médica, psicológica ni farmacológica por parte de los responsables de la organización. Aunque manifestaban que se estaban rehabilitando de alguna adicción.
El informe destaca que se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera) y títulos de vehículos en los domicilios allanados. También, que varias personas expresaron su intención de abandonar el establecimiento allanado, motivo por el cual el Comité articuló su reubicación transitoria y el traslado a su provincia de origen donde se encuentran sus familiares.
Las sedes no fueron cerradas pero designaron veedores
Según lo expresado por el Comité, para garantizar la efectiva rehabilitación y posterior reinserción social de los pacientes que se encuentran en Remar, dado que no viven en situación precaria o de hacinamiento, se solicitó que las sedes continúen en funcionamiento y que el juzgado designe veedores en cada provincia así como la intervención del Ministerio de Salud de la Nación.
“Deberán articular en sus respectivas jurisdicciones la oportuna intervención de los organismos provinciales/nacionales de asistencia sanitaria, social y de protección, con el objeto de que cumplan con sus respectivos deberes respecto de cada persona acogida en aquellos lugares que fueran objeto de los procedimientos”, ordena el oficio judicial. Asimismo, establece que los veedores deberán relevar otros establecimientos no allanados pero también gestionados por Remar.
El magistrado menciona que está pendiente la recepción de testimonios de presuntas víctimas “lo que determina la necesidad de garantizar que aquellas no sean intimidadas ni objeto de represalias por parte de las personas imputadas u otros encargados de los lugares y, al mismo tiempo, se les garantice el acceso a bienes y servicios esenciales”.
Los veedores deberán informar al juez sobre el estado de situación de los espacios, de las víctimas y eventuales responsables que pueden estar o no imputados en la causa.
Remar ya tenía denuncias en 2022
Según publicó Diario Río Negro, el 3 de octubre de 2022 ya se habían producido dos allanamientos con motivo de denuncias por trata de personas en sedes de Remar en las localidades de Fernández Oro y Neuquén. Allí se rescataron a dos mujeres, víctimas de trata. Sin embargo, en los medios, la organización declaró que ellas se encontraban allí por voluntad propia.
Acorde a la web El Litoral, Remar es una organización que posee conexiones en Sudamérica y Europa, por lo que los fondos obtenidos, se envían a la República Oriental del Uruguay, donde son dolarizados, para posteriormente ser enviados a España, lugar donde se ubica la sede central de la Fundación.
Por: Gabriela Figueroa. @gabrielitafi.
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