Allegados a Milman pagaban las protestas frente a la casa de Cristina Kirchner

Telleldín asegura que un allegado al diputado financió protestas en la casa de la vicepresidenta
La sombra de Gerardo Milman, a un año del intento de asesinato a Cristina Kirchner
El abogado de Brenda Uliarte le contó a Página/12 que la detenida por el ataque declarará ante la Justicia que les pagaban 6000 pesos por manifestarse. El devenir de la causa, a días del aniversario. Las fallas en la investigación. El rol clave de Revolución Federal.

“Dentro de unos quince días Brenda Uliarte hará una ampliación de su indagatoria para manifestar que una persona allegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner. No era para matar a nadie sino para que vayan a provocar”, sorprendió a Página/12 el abogado Carlos Telleldín, que defiende a la joven que está presa como coautora del intento de asesinato de la vicepresidenta, del que se cumple un año el próximo viernes 1º de septiembre. Si la declaración se concreta y la investigación avanza, la demorada “pista Milman” podría dar un giro e introducir una conexión política que en la causa ya elevada a juicio oral por la jueza María Eugenia Capuchetti fue ignorada. También se había descartado un posible financiamiento.

Uliarte estaba de novia con Fernando Sabag Montiel, el hombre que se metió entre la multitud que por esos días iba a darle apoyo a CFK en las inmediaciones de su casa en Recoleta. Buscó ubicarse muy cerca de ella como si fuera un manifestante más, intentó disparar, pero la bala no salió. Ni siquiera ingresó a la recámara de la pistola Bersa que llevaba. Eran cerca de las 21. Lograron atraparlo entre dos militantes que todos los días armaban junto con otros un corredor para que la vicepresidenta caminara desde el auto oficial hasta la puerta del edificio, lo que podía llevar un largo rato porque la gente la saludaba y le pedía que firmara su libro “Sinceramente”.

Dos semanas antes del atentado, Sabag Montiel charlaba en un grupo de Whatsapp, donde se notaba que el mundo de los vendedores de copos de azúcar, al que la pareja pertenecía, y otros amigos/as, no era totalmente ajeno al de la política y de derecha.

–Yo quisiera conocer a Cristina, hacerme el vendedor de copos y meterle un corchazo. ¿Alguien quiere laburar con nosotros? Se gana buena guita. Es real, facturamos 12 lucas por día. Mínimo– les dijo a quienes participaban.

En el mismo chat hubo referencias a las apariciones de su novia Brenda en el canal Crónica TV, donde era convocada para hablar en contra de los planes sociales. Sabag comentó que la volvería a acompañar y se jactó de que allí verían a (Javier) Milei, el ahora candidato presidencial de La Libertad Avanza.

–Siempre va a Crónica– explicó.

–Con la remera amarilla de Milei vas a ganar más. Para vender más copos, un recurso de venta– le sugirió un tal Juan.

–Yo ya lo conocí, pero ella (Brenda) lo quiere ver– se jactó Sabag Montiel.

Las movilizaciones habían empezado el 22 de agosto, cuando el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para CFK e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio conocido como “Vialidad”. Fue un alegato espectacularizado, en tono exultante, transmitido en nueve días tipo cadena nacional. El grupo que solía ir a insultarla allí donde vivía se hizo más grande ese día, y hasta aparecieron los líderes de la organización ultraviolenta Revolución Federal, Jonathan Morel y Leonardo Sosa. La militancia fue a contrarrestar esa presencia y cada vez más y más gente se sumó para respaldar a la vicepresidenta. Algunos miembros del grupo violento son investigados en un expediente aparte, que la jueza y la Cámara Federal se negaron a juntar con el del atentado. La querella, a través de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, acaban de presentar pruebas de un posible nexo entre esa organización, Uliarte y Sabag Montiel, a través de la panelista de Crónica TV Delfina Wagner (ver aparte).

Uliarte estaba ahí en Juncal y Uruguay con el asesino fallido cuando intentó el asesinato. Se fue como si no lo conociera. Le había contado el plan de magnicidio a una amiga, Agustina Díaz. Los tres días siguientes se movió como si nada, hasta fue a despegarse a Telefé. Fue detenida el 4 de septiembre, aunque casi se les escapa a los investigadores. Quince días después fue detenido Gabriel Carrizo, el jefe del grupo de vendedores de algodón de azúcar. Con los copos como pantalla, Brenda y Sabag estudiaron el lugar los días previos, pese a que había clientes (niños/as). Carrizo se jactaba en sus conversaciones tras el atentado: “recién intentamos matar a Cristina”, “mi amigo es un héroe”, y frases por el estilo. A su hermanastra le dijo que había aportado un arma.

El árduo camino hacia la verdad
La investigación, a cargo de Capuchetti y delegada por ella al fiscal Carlos Rívolo, tras dos recusaciones de la querella, se cortó en esos tres detenidos, como si fueran tres violentos/”locos” sueltos, y no avanzó en vinculaciones políticas ni económicas o financieras. El argumento fue que no encontraron nada. Y que el atentado tal como se hizo, no requirió estructura ni dinero. El caso no fue tratado como un hecho de violencia política ni descripto en un contexto de violencia creciente encarnada por grupos de ultraderecha, como Revolución Federal, y por dirigentes políticos/as que repetían (y aún lo hacen) la idea de exterminar al oponente. La causa estuvo llena de falencias.

Así, Sabag Montiel y Uliarte fueron elevados a juicio oral el 12 de junio de este año como coautores de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa. Carrizo, como partícipe secundario. Díaz, la amiga de Brenda, estuvo detenida algo más de un mes y fue sobreseída. En sus indagatorias, ninguno aportó información. Sabag Montiel le dijo más a C5N que a la jueza: “La quise matar por la situación del país”; “no me arrepiento”; “fue por motu proprio”; el arma “estaba cargada, tiré el gatillo y el tiro no salió”; “estaba nervioso”. Lo que sí había dicho y repitió: “Brenda no tuvo nada que ver”. El caso está a cargo del Tribunal Oral Federal 6 que está vacante y lo subrogan Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari. La fiscala es Gabriela Baigún. Una “instrucción suplementaria” podría sumar información.

El enigma Milman
La “pista Milman”, referida al diputado de Juntos por el Cambio, exmano derecha de la candidata presidencial Patricia Bullrich, quedó abierta en manos de Capuchetti y Rívolo, separada del juicio oral. Esta pata política fue problemática y se pudieron perder pruebas. Comenzó el 23 de septiembre cuando se presentó Jorge Abello, asesor del Bloque de Unión por la Patria, y declaró que había visto a Milman dos días antes del atentado en el bar Casablanca, de la esquina del Congreso, con dos mujeres a quienes les dijo “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Con filmaciones, el encuentro se corroboró. Las mujeres eran las asesoras del diputado Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, que trabajó con Milman en el Ministerio de Seguridad del macrismo.

El celular de Milman nunca fue peritado. Recién ahora lo admitió la Cámara Federal y lo autorizó la de Diputados. Apelará ante Casación, y seguirá la demora sobre algo de lo que poco se puede esperar. Las asesoras intentaron mentir, pero la jueza se negó a secuestrarles los celulares el 26 de octubre. Recién los entregaron por impulso de la Cámara Federal el 1 de diciembre. En mayo último, Bohdziewicz declaró que su celular fue borrado, pero no por su decisión: su compañera la llevó a una oficina de Bullrich. La esperaban un perito y Milman, cuyo celular también fue “manipulado”, dijo. A Gómez Mónaco la mandaron a comprar otro Iphone. Ivana reveló que tenía otro aparato más. En el de ella aparecieron chats: “borren todo”, dijo horas antes de Casablanca.

La causa no analizó seis extraños proyectos que Milman presentó antes y después del ataque. El más llamativo, del 18 de agosto, pedía información sobre seguridad para “periodistas independientes”, “jueces y fiscales” (en pleno juicio de “Vialidad”) y refuerzos para personas de “alta investidura” o “involucrada en causas judiciales”. Decía: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir”.

Siempre quedó la pregunta: ¿Sabía algo Milman? ¿Tuvo relación con el atentado? Según el abogado Telleldín, que defiende a Uliarte desde junio, Brenda deslizó un nexo que podría consistir en pagos para fogonear un clima violento. Hay quienes hablan de pagos en efectivo, de unos 6000 pesos, para ir a agitar. Por chats de Brenda se supo que ella alentaba la idea de matar a CFK. Sabag quería su atención como fuera.

¿Por qué importa Revolución Federal?
La organización, manejada por Morel y Sosa, fue denunciada por mensajes de odio que difundían en charlas en la plataforma Twitter Spaces ante cientos o miles de personas. En las reuniones virtuales entre julio y agosto de 2022 hablaban de matar dirigentes (CFK, Alberto Fernández, Máximo Kirchner). Morel dijo que cuando la veía a Cristina esos días pensaba: “si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo pasa a la historia”. Fue, en definitiva, lo que hizo Sabag Montiel. Circulaba un modelo de acción. Sosa sigue tuiteando. Morel avisó en la causa que se quiere ir a vivir a Paraná.

En la calle desplegaban acciones violentas. Se hicieron conocidos por llevar una guillotina que decía: “Todos presos, muertos o exiliados”. La “o” de “Todos” era el sol del logo del “Frente de todos”. La exhibieron en Plaza de Mayo el 9 de julio del año pasado, donde estuvo Milman (entre otros dirigentes), y habría estado Uliarte. Fueron imputados por insultar, amenazar, escupir y perseguir a varios dirigentes. Tiraron antorchas en la Casa Rosada y amenazaron de muerte a la vicepresidenta frente al Instituto Patria. La Policía porteña brilló por su pasividad. El juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita les imputaron asociación ilícita para imponer sus ideas por la fuerza y dijeron que el intento de magnicidio fue el punto máximo del espiral de violencia que generaron. La Cámara Federal suavizó la acusación, y los acusó incitación a la violencia colectiva. Queda ver el papel de la vecina de Cristina, Ximena Tezanos Pinto, que recibió a Sosa y Gastón Guerra en su casa los días de movilizaciones.

La parte aún no resuelta es crucial: el financiamiento. A Morel, que había aprendido carpintería por youtube y tenía un pequeño taller en Boulogne, lo contrató el poderoso Grupo Caputo –manejado por hermanos del exministro de finanzas del macrismo Luis Caputo– para hacer los muebles para un edificio de 60 departamentos llamado espacio Añelo, cerca de Vaca Muerta. Le pagaron al menos 13 millones de pesos por un trabajo que él no podía hacer: 144 mesas de luz, 144 respaldos de cama, banquetas y más. Él dijo que tercerizó. Es dudoso que haya sido intermediario, por caso, para contratar a una firma que ya era proveedora de Caputo, además de usar facturas dudosas de otros. La hipótesis de la querella es similar a lo que diría Brenda: pagarles para “hacer bardo”.

Fallas por doquier
*Apenas comenzó la causa, se dañó una prueba clave: el celular de Sabag Montiel. Llegó del juzgado a la Policía Seguridad Aeroportuaria en un sobre abierto, encendido y “reseteado de fábrica”. Antes había intentado abrirlo la Policía Federal, pero no pudo.

*La jueza dilató pinchar el celular de Uliarte, el policía que debía hacer la escucha directa demoró cuatro horas en empezar, Brenda salió de la casa donde se juntaban los “copitos” y pasó delante de los policías que debían seguirla, la DAJuDeCO, que interviene en las escuchas, avisó que se movía. El secretario Federico Clerc dedujo que estaría en un tren rumbo a San Miguel. Lo hizo detener, y ahí la encontraron. Nada se investigó,

*Tampoco se investigó a la Policía porteña que cumplió un llamativo papel en las movilizaciones: insultaron a Máximo Kirchner y modulaban que había que tratar a Axel Kicillof como “un ciudadano más”, sacaron a militantes con carros hidrantes, habrían espiado, pero no notaron la extraña presencia de los vendedores de copos.

*No se siguió la “pista Carrol”, por Hernán Carrol, quien fundó Nueva Centro Derecha. En una carta, Sabag Montiel dijo que él era quién debía ponerle un abogado. El hombre tenía contacto con Brenda. Declaró un mes después y dejó un celular borrado el día anterior. Tampoco se investigó a su amigo e integrante de NCD el comediante Martín Almeida, a cuyo cumpleaños fueron Brenda y Sabag.

*Algunos personajes dudosos de los chats no fueron investigados a fondo. Como una mujer que decía que sabía lo que pasaba con Sabag cuando fue detenido y cuanto tiempo estaría preso. O, por ejemplo, se abandonó la pista de un testigo que había vivido con Sabag Montiel y dijo que seguro le habían ofrecido dinero por el ataque.
Por Irina Hauser

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