Atentado contra CFK: los manifestantes eran pagados por el gobierno de la Ciudad de Bs.As.
A pocos días del primer aniversario del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, y tal como lo adelantó en Página/12, Carlos Telleldín, el nuevo abogado de Brenda Uliarte, una de las detenidas por el hecho, deslizó este lunes que maneja información relacionada con “gente que estaba en el domicilio de la Vicepresidenta (Cristina Kirchner) manifestándose y que eran pagos por funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires”. En diálogo con AM750, y ante la pregunta de si estos funcionarios porteños trabajaban para el diputado nacional del PRO Gerardo Milman, Telleldín respondió: “Sí, exactamente”. “Tanto los nombres de quienes pagaban y quienes recibían el pago serán aportados por Brenda Uliarte ante la Justicia en el juicio oral”, agregó.
En esa línea, el abogado, quien fuera imputado y luego absuelto en la causa por el atentado a la AMIA, remarcó que los manifestantes y el grupo acusado del intento de magnicidio a Cristina Kirchner “no fueron pagados para hacer un magnicidio, sino una convulsión social”.
Por último, el letrado aseguró que “si una persona hubiese querido matar a la Vicepresidenta lo hubiese hecho” y que Fernando Sabag Montiel, quien apretó el gatillo a centímetros de la cabeza de CFK, “en ningún momento fue con la idea de matar”.
El desembarco de Telleldín en el expediente sobre el ataque a CFK coincide con un aparente “episodio psicótico” que protagonizó Brenda Uliarte en el patio del penal en junio pasado, después de enterarse de que debía ir a la audiencia de otro juicio por la “tenencia de un DNI ajeno” y en donde se vería cara a cara con Fernando Sabag Montiel, su exnovio. Tras ser sometida a pericias psicológicas, Uliarte fue diagnosticada de manera presuntiva con un “retraso mental leve”, una calificación que podría utilizar la defensa para morigerar su situación procesal.
Telleldín fue involucrado y posteriormente absuelto en dos oportunidades en el atentado a la AMIA. Estuvo casi una década detenido, acusado como supuesto partícipe necesario del ataque contra la mutual judía, en su rol de proveedor de la camioneta que finalmente fue usada como cochebomba, hasta que fue absuelto y liberado en 2003. Su título de abogado lo consiguió durante ese tiempo en la cárcel.
En 2020 fue sometido a un segundo juicio por orden de la Corte Suprema, que revocó la absolución. Buscaron demostrar, en esa oportunidad, que aunque no fuera parte del grupo que cometió el atentado, Telleldín sabía que la camioneta que vendió sería utilizada para cometer un delito. También fue absuelto en este segundo proceso.
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