Más seguridad: de que se trata la propuesta del FBI Argentino
Trabajan en el diseño de una Agencia Federal de Seguridad. ¿Cómo sería el FBI argentino que propuso Sergio Massa en el debate presidencial? El equipo del candidato oficialista explicó que tendrá sus propios agentes especializados en delitos transnacionales y que atraviesan jurisdicciones: narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otros que implican a grandes organizaciones criminales. Planea ubicar su sede en Rosario.
¿De qué se trata y cómo sería el FBI argentino que prometió Sergio Massa? Es una de las grandes preguntas que quedaron flotando después del debate presidencial. Hay un diseño en elaboración y un borrador de modificación de la Ley de Seguridad Interior para habilitar su creación y cambiar la lógica de funcionamiento de las fuerzas federales y provinciales. El ministro de Economía y candidato anticipó en su exposición que será una “Agencia Federal”. Es decir, explicaron en su equipo, una suerte de fuerza nueva que tendrá sus propios agentes especializados en delitos transnacionales y que atraviesan jurisdicciones: narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otros que implican a grandes organizaciones criminales. Planea ubicar su sede en Rosario, foco emblemático de la narcocriminalidad y sus violentas derivaciones como extorsiones, atentados y homicidios. Tendrá, según el proyecto en danza, facultades para hacer análisis e inteligencia criminal así como para intervenir operativamente.
Qué será…
Podría llamarse Agencia Federal de Fuerzas Coordinadas (AFC), según anuncian cerca del candidato. El nombre alude a uno de los propósitos: que esta agencia pueda coordinar y operar con todas las fuerzas de seguridad del país y que pueda hacerlo en acuerdo con cada provincia y según cada caso. Los fundamentos del borrador de modificación de la Ley de Seguridad Interior, que tiene 28 años de antigüedad, señalan que hasta ahora el Poder Judicial y las fuerzas policiales, se manejan con la lógica establecida de ceñirse a su jurisdicción y competencias. La acción es compartimentada. Actúa un juez/a suelto o fiscalía con sus decisiones o tal policía con su plan, pero no hay acciones y diagnósticos amplios y compartidos. No faltan casos, como en Santa Fe, en los que los agentes investigan a nivel local (policiales, judiciales y/o fiscalías) e incluso dirigentes políticos, terminan formando parte del delito. La intención sería romper esa lógica y tener en cuenta, además, que las organizaciones criminales –dice el texto de la posible reforma– “deambulan por los territorios sean estos federales, provinciales o locales” para lo que el Estado no tiene capacidad de respuesta.
Según explicó a Página/12 el diputado Ramiro Gutiérrez, quien trabaja en el diseño, la Agencia Federal en cuestión “será un nuevo efector que hasta ahora no existe”. “Tendría competencias para actuar sola” con la misión de “prevenir, anticipar, identificar y detener” delitos complejos, y en las provincias solo podrá actuar “si es convocada para intervenir transitoriamente en un lugar, como si instalara allí una filial”. “Por ejemplo –ilustró– si se detecta un corredor por donde baja la droga, se desplegará en ese corredor con una base provisoria”. A la vez podrá coordinar a distintas fuerzas policiales a las que convocará. Aunque los delitos contemplados son federales, se podría dar participación a los órganos locales.
La AFC dependerá, de acuerdo a este proyecto, del Ministerio de Seguridad. “Tendrá su propio personal para lo cual absorbería a los mejores cuadros operativos, técnicos y de inteligencia de otras fuerzas, así como los mejores peritos e investigadores”. Todavía no está claro cuántos agentes la integrarán ni quién la comandaría. “Sabemos que el narcotráfico rompió la idoneidad funcional, los compran. Se requiere formación ética. Las características del proceso de selección tal vez surjan de la discusión legislativa. Quien conduzca debería ser incorruptible”, dijo Gutiérrez. “Massa quiere que ´seguridad´sea uno de los cinco puntos de su gobierno. Pero hace falta un acuerdo de todo el arco político. Una modificación de la Ley de Seguridad Interior necesita el respaldo de todas las provincias”, añadió.
Otro tramo de la fundamentación de la propuesta dice que muchos estados “frente al crimen estructurado o a la delincuencia de alto daño social (…) han respetado ciertos patrones: cooperación internacional, inteligencia anticipatoria, legislación homogeneizada, uso de la tecnología y respuesta interagencial”. Aquí se introduce algo que Gutiérrez también menciona: la posible intervención del FBI estadounidense (Federal Boureau of Investigation) –que allí depende del Departamento de Justicia– y la DEA (Drug Enforcement Administration). De hecho en septiembre último Massa y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, firmaron un acuerdo de seguridad entre Argentina y Estados Unidos.
La sede principal de la AFC está previsto que sea en la Estación Central Córdoba, en Rosario. Allí estuvo Massa el lunes último con el ministro de Transporte, Diego Giuliano. Semanas atrás el candidato presidencial había ido a la misma ciudad a la inauguración de una base de operaciones policiales, donde anunció un refuerzo de 500 gendarmes.
Las modificaciones a la ley prevén límites: “el empleo de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales deberá ser limitado en el tiempo, no pudiendo bajo ningún aspecto suplir de manera regular o habitual las funciones de la policía provincial”. También está acotado a situaciones en las que “estén en peligro colectivo la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada”, ante la amenaza “a los derechos y garantías constitucionales o la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal”, y en “situación de desastre”. Para la agencia se prevén tareas como coordinar entre gobiernos nacional, provincial y municipal estrategias contra el delito; la reunión de información de inteligencia criminal; monitoreo de operaciones y evaluación de su impacto, entre otras.
–¿Qué mecanismos de control habrá sobre esta agencia?– preguntó este diario al diputado Gutiérrez.
–Eso depende: si el Congreso la transforma en autárquica, tiene que tener un mecanismo de control que puede ser el propio Congreso; pero tal como está dispuesta, que depende del Poder Ejecutivo, no tiene mecanismo de control, solo el control interno que tiene cualquier fuerza.
Complementos
En las investigaciones de narcotráfico u otros delitos ligados a grandes organizaciones se suelen secuestrar bienes de todo tipo: inmuebles, campos, dinero, objetos, vehículos, embarcaciones, aeronaves, entre otros ejemplos. ¿Qué se hace con esto? Hasta ahora lo administra la Corte Suprema, que suele repartir entre miembros del Poder Judicial. Junto con la creación de la Agencia Federal, Massa propone como complemento una Agencia Nacional de Bienes Recuperados, como para darle a todo lo incautado en estas grandes causas un uso social. También se prevé que, además de organizaciones de la sociedad civil, sean destinados a las propias fuerzas u otras reparticiones públicas que los puedan utilizar en su función. La agencia tendría la misión, además, de evitar el deterioro de esos bienes de origen ilícito. Estará en la esfera del Ministerio de Justicia e integrada por representantes de los tres poderes y la sociedad civil, que se encargará de administrar lo recuperado.
Gutiérrez anticipó que ya estudian una reforma de la ley de estupefacientes. Recordó que hoy la norma castiga la tenencia para consumo personal, la tenencia simple, la comercialización y el tráfico de drogas. “Por los dos primeros casos están explotados los servicios penitenciarios; pensamos hacer foco en los dos últimos”, dijo. Hace años que circulan proyectos para modificar esta norma, y nunca se avanza. Ni siquiera se logró después del fallo “Arriola” (2009) de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal.
Otras miradas
“Para nosotros es relevante que exista una agencia federal. Es algo que planteamos desde el caso AMIA. Las enormes dificultades para estas investigaciones complejas si no hacen que tenga que intervenir servicios de inteligencia y ahí se desmadra todo. Además, hay que pensar qué destino darle a la Policía Federal, después del traspaso a la ciudad y ya sin jurisdicción territorial”, dice a este diario Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. “Otra cuestión es cómo se va a construir la relación entre esta agencia y el Poder Judicial en términos de autonomía; cuáles serán los mecanismos de control externo, porque las fuerzas federales no los tienen y esta agencia tendrá muchas atribuciones. Los temas que van a tratar son los que producen más corrupción y cooptación. La selección de quiénes van a integrar la agencia es clave”, añade. Para Tufró, un “abordaje policial” es “incompleto”: “los problemas de mercados ilegales y sus expresiones más violentas requieren un abordaje integral en los territorios. Me refiero a una intervención no policial sobre las condiciones de vida de esos barrios, desde la urbanización hasta derechos básicos y alternativas a los mercados ilegales como sustento. El Estado no lo puede hacer solo; se requieren organizaciones que tengan presencia permanente en los barrios”.
Sabina Frederic, exministra de Seguridad, considera acertado que la nueva agencia se piense en función de “administrar las demandas de las provincias y para eso es la modificación de la ley de seguridad interior, aunque con esto hay riesgo de que la oposición intente introducir competencias de las Fuerzas Armadas; la agencia entiendo que estaría pensada para intervenir en las provincias pero también para resolver cómo tener un mejor abordaje del delito organizado que hoy está fraccionado no tanto por las fuerzas sino por el aparato judicial”. “En realidad –señala– la agencia debería llamarse de otra manera, porque debería ser una agencia contra el delito organizado, no de fuerzas combinadas. Lo que tendría que tener es un énfasis imprescindible en inteligencia e investigación criminal y personal calificado, en especial en delitos complejos y económicos. Hace falta abocar a las fuerzas a esa tarea y ajustarla con el Poder Judicial”.
“Argentina necesita una agencia de las características de la que se está pensado. En un proyecto de investigación en un posgrado en Ciencias Sociales estoy investigando qué quedó de la Policía Federal. Gasta el ocho por ciento de su presupuesto operativo en crimen complejo y narcotráfico, y eso es una farsa. Es lo que hay que reconvertir y llevarlo a una fuerza federal de investigación en delito complejo que sirva de policía judicial”, dice Marcelo Saín, exministro de Seguridad de Santa Fe y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). “Esa agencia –subrayó– tiene que tener tres áreas: inteligencia criminal, operaciones y logística aplicada a la investigación criminal, pero tiene que ser una policía nueva, de cero. Podés tomar gente de otras fuerzas y armarla, pero imagino un proceso a cuatro o cinco años”.
Por Irina Hauser
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