Privilegios judiciales: los jueces no pagan ganancias
Declaran inconstitucional el pago de Ganancias para magistrados. “El fallo solo puede ser firmado por un juez como Cayssials, implicado en el viaje a Lago Escondido y que forma parte de un grupo de jueces que hace mucho tiempo dejaron de impartir justicia para solamente gozar de los privilegios de su cargo público”, se quejó el ministro Martín Soria.
Los tribunales no están dispuestos a hacer gestos de austeridad. El juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials –uno de los que el año pasado viajó a Lago Escondido– declaró que es inconstitucional que jueces y fiscales nombrados después de 2017 paguen Ganancias. La decisión de Cayssials se tomó ante una demanda que entabló José Luis Agüero Iturbe, el fiscal general adjunto ante la Cámara Federal de Apelaciones de los tribunales de Comodoro Py.
La resolución cayó mal en el gobierno. “El fallo solo puede ser firmado por un juez como Cayssials, implicado en el viaje a Lago Escondido y que forma parte de un grupo de jueces que hace mucho tiempo dejaron de impartir justicia para solamente gozar de los privilegios de su cargo público”, le dijo a Página/12 el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.
La disputa por el pago del tributo data de la era Cambiemos. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri aprobó una reforma al impuesto de Ganancias que establecía que los nuevos jueces iban a tener que tributar. La decisión generó un tembladeral en la justicia. La Asociación de Magistrados presentó una cautelar, que fue concedida por el juez Esteban Furnari y el tema terminó escalando hasta la Corte Suprema. En noviembre de 2018, los supremos rechazaron la medida. “Los magistrados honrados con un cargo que impone tan alta misión deben ser los primeros ciudadanos llamados a cumplir la ley cabalmente”, escribieron los cinco integrantes de la Corte –que no pagan Ganancias.
Después de ese fallo, se abrió un proceso de negociación. El 20 de diciembre de 2018, el ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, anunció un “acuerdo histórico” y dijo que la Argentina estaba transitando un proceso de transformación que era apoyado por los magistrados. De esa forma, a partir del 1 de enero de 2019 empezaban a pagar Ganancias quienes hubieran sido designados desde el 1 de enero de 2017.
En 2018, Agüero Iturbe fue nombrado fiscal general adjunto ante la Cámara Federal porteña. Desde que se jubiló el todopoderoso Germán Moldes, Agüero Iturbe quedó en su lugar. Por sus manos pasan las apelaciones de todas las decisiones que toman los jueces de grado de Comodoro Py: por ejemplo, si se investigan las visitas de magistrados a Mauricio Macri, si se continúa con la investigación sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan o si se convalida el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa que mediáticamente se conoce como “ruta del dinero K”.
Agüero Iturbe presentó una demanda en el fuero contencioso administrativo contra la Procuración General de la Nación – a cargo interinamente de Eduardo Casal– para pedir que se declare la inconstitucionalidad del inciso a del artículo 5 de la Ley 27.346. Los argumentos que invocó son los siguientes:
Las remuneraciones de los magistrados son intangibles –es decir, no se pueden tocar– según lo estable el artículo 110 de la Constitución Nacional;
Rige el principio de igual remuneración por igual tarea;
Durante todo el proceso de designación como fiscal, nadie le hizo firmar un papel sobre el pago de Ganancias. Únicamente le preguntaron sobre el tributo en la audiencia pública ante el Senado;
Está vigente la acordada 20/96 de la Corte Suprema que dice que magistrados no deben abonar Ganancias;
Hay un trato desigual porque el Ministerio Público de la Nación debe tributar, pero no están obligados a hacerlo quienes se desempeñan en la Ciudad o en las provincias;
Es víctima de un tratamiento salarial discriminatorio por el hecho de haber ingresado después de 2017.
La Procuración se presentó en el expediente en 2019 y pidió que se rechazara la pretensión de Agüero Iturbe. Además, solicitó que se convocara a un tercero, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Este organismo también le dijo a Cayssials que correspondía denegar la pretensión del fiscal general adjunto.
Cayssials estuvo en condiciones de resolver desde septiembre de 2021, pero dejó macerar la decisión hasta este martes –en la antesala de las elecciones presidenciales y dos días antes de que se lleven a cabo las elecciones en la Asociación de Magistrados. Antes de saltar a la fama por ser parte del charter a Lago Escondido con otros magistrados, exintegrantes de la Secretaría de Inteligencia (SI) y con el exministro porteño Marcelo D’Alessandro, Cayssials tuvo otros hitos en su carrera: fue duramente criticado por haber suspendido la adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Medios o por haber fallado en sintonía con el gobierno de Macri para dejar a la procuradora Alejandra Gils Carbó a tiro de ser removida a través de un decreto.
Los argumentos
En su resolución de 25 páginas, el juez sostuvo que la ley establece un trato diferenciado entre magistrados que integran la Procuración General de la Nación por la fecha en la que fueron designados. Es decir, sostiene que hay fiscales que cumplen la misma tarea pero que cobran más y no tributan porque ingresaron antes de 2017.
Según el juez, el acuerdo “histórico” homologado por el Ministerio de Justicia macrista, la Procuración, la Defensoría General, el Consejo de la Magistratura y la Asociación de Magistrados terminó segmentando a los magistrados en tres categorías: los que son alcanzados por la famosa acordada de la Corte; los que ascendieron a otra instancia después de 2017 y los que fueron designados a partir de esta fecha. Los únicos que tributan son los últimos.
El fallo de Cayssials, de alguna manera, funciona como una reivindicación de la acordada que la Corte menemista firmó en abril de 1996. Sin que les llegara un planteo, los supremos de la mayoría automática se reunieron y decidieron desenganchar a todo el Poder Judicial del pago del impuesto. El argumento era que, si les tocaban los sueldos, estarían afectando su independencia.
“Por decisión de Sergio Massa, a partir del primero de octubre, en Argentina solo pagan el impuesto a las ganancias quienes cobran casi 2.000.000 de pesos por mes, es decir 80 mil personas –dice Soria–. Que algunos jueces y fiscales sigan intentando mantener privilegios en este contexto es solo una muestra de la miseria y de la decadencia a la que han llegado sectores del Poder Judicial en nuestro país. Hay algunos personajes de la justicia argentina tan corrompidos que hasta pretenden cobrar como grandes empresarios, cuando sus sueldos se los pagan todos los argentinos”.
Por Luciana Bertoia
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