El No a la impunidad de los genocidas
Desde que asumieron Milei y Villarruel, empezaron a pedir definiciones sobre las domiciliarias. La Cámara de Casación desbarató un intento de los genocidas para irse a sus casas. A días del 48º aniversario del golpe y en medio de rumores de concesiones para los criminales de lesa humanidad, el máximo tribunal penal del país emitió un fuerte mensaje en contra de la impunidad.
Un día después de que asumieran Javier Milei y Victoria Villarruel, dos abogados de represores se presentaron ante la Cámara Federal de Casación –el tribunal por donde pasan todas las decisiones que se toman en las causas de lesa humanidad– para pedir que se definieran las reglas por las que los mayores de 70 años pueden acceder al beneficio de la detención domiciliaria. No estaban ante un problema acuciante porque el 77 por ciento de los detenidos de lesa está en sus casas, pero querían un gesto político de la justicia a tono con el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). A dos días de que se cumplan 48 años del golpe de Estado, la propia Casación rechazó el pedido y, de esa forma, desbarató la principal apuesta para socavar el proceso de verdad y justicia.
Los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea eligieron el caso de Diego Chemes para pedir un plenario en la Cámara de Casación en el que se discutieran los alcances de la domiciliaria para adultos mayores. Chemes, que actuó en el centro clandestino de detención Vesubio, es un genocida básicamente desconocido, pero, si su intento prosperaba, podría ser la llave para otros más notorios como Alfredo Astiz o Jorge Acosta –conocido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como el “Tigre”.
Chemes era un agente del Servicio Penitenciario que actuaba en el campo de concentración ubicado en el partido de La Matanza. Allí, lo conocían como “Polaco”. Lo escuchaban hablar de sus historias de cómo se infltraba en los barrios populares para detectar militantes o lo veían llevarle mandarinas a una secuestrada que estaba embarazada. “Éste va a ser para mí”, le decía mientras le miraba la panza. Un día dio rienda suelta a su perversión y no apareció con una fruta, sino con una capuchita para el bebé.
Chemes tiene 71 años. Está detenido desde 2006. En 2011, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 lo condenó a 21 años de prisión. En 2020, en plena pandemia, lo mandaron a su casa y, en 2022, le revocaron ese beneficio. El 5 de diciembre, la Sala IV de la Casación denegó un nuevo planteo del represor. El 11 de diciembre, el primer día hábil después de la asunción de Milei y Villarruel, Olea y Saint Jean pidieron un plenario. ¿Cuál era el argumento que invocaron? Que las distintas Salas de la Casación no tienen una línea única.
Olea conoce bien la Casación. Fue secretaria de Eduardo Riggi, que se jubiló durante el gobierno de Alberto Fernández. Riggi llamaba “terroristas” a las víctimas de los centros clandestinos. Olea se fue del tribunal envuelta en un escándalo después de que se supiera que alternaba su tarea como funcionaria con la defensa de su padre, Enrique Braulio Olea, uno de los jefes de área en el V Cuerpo de Ejército. Su coequiper Ricardo Saint Jean es hijo de Ibérico Saint Jean, interventor de la dictadura en la provincia de Buenos Aires.
Desde hace tiempo, los abogados de los procesados y condenados por lesa vienen intentando obtener alguna concesión de la Casación. En 2022, pidieron una entrevista en la Cámara después de que el entonces presidente del tribunal, Alejandro Slokar, organizara una reunión con Madres, Abuelas, HIJOS, Familiares, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros organismos.
Olea y Saint Jean no estuvieron solos en la cruzada. El 9 de febrero, se presentaron los abogados Elena Rita Genise y Guillermo Jesús Fanego para reclamar ser oídos si se llevaba adelante el plenario. La presentación la hicieron en nombre de la Asociación de Abogados Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, una ONG que agrupa a penalistas que intervienen en las defensas de acusados por crímenes contra la humanidad. El grupo se conformó hacia finales de 2017, cuando naufragó el otro gran intento de tomar a un represor ignoto –Luis Muiña, que actuó en el Hospital Posadas– como llave para que saliera todo el resto con la llave del 2×1 que otorgó la Corte Suprema.
En la Asociación de Abogados Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, hay quienes tienen llegada a Villarruel. Entre otros, Fanego y Marcelo Llambías, un militar al que le dieron la baja durante el gobierno de Néstor Kirchner después de ser condenado por haber asesinado a un compañero de armas. Tanto Fanego como Llambías estuvieron entre los invitados al acto de la Legislatura que organizó la actual vicepresidenta en septiembre del año pasado. Otro que tiene línea directa con la vice es Javier Vigo Leguizamón, que integra con ella el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una organización que armó la procesista Asociación Unidad Argentina (Aunar) cuando entendió que la reivindicación de lo actuado durante la dictadura ya no era bien visto.
La posición de Casación
El pedido de los defensores de Chemes se rechazó en el acuerdo de superintendencia, que es cuando se reúne el titular de la Casación –en este caso, Mariano Borinsky– con los presidentes de las cuatro Salas. Desde la semana pasada, circulaba el texto entre los distintos jueces. Finalmente lo firmaron este viernes Borinsky, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Daniel Petrone.
Lo que pretendían Olea y Saint Jean es que Casación dijera si los mayores de 70 años pueden acceder automáticamente al beneficio del arresto domiciliario o se requiere también que tengan una patología que no puede ser tratada dentro de la prisión. Además, pedían que los casadores se pronunciaran sobre la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ese texto es el que suelen invocar las defensas y al que también se refirió en diciembre el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona cuando salió de reunirse con los integrantes de la Cámara de Casación. Fue casualmente el día en el que este tema estalló en los tribunales de Comodoro Py.
Casación respondió a los planteos de Olea y Saint Jean diciendo que no hay contradicciones entre las Salas del tribunal porque quienes solían votar a favor del arresto domiciliario ya no están en la Cámara. El principal núcleo estaba en la Sala III de la Casación –integrada por Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani. Riggi y Catucci se jubilaron. Gemignani está de licencia por estudios en Europa.
Lo que sostuvo la Casación es que hay una jurisprudencia consolidada de la Corte contra las domiciliarias automáticas. El máximo tribunal viene desde diciembre firmando fallos en los que dice que los jueces deben verificar que el Servicio Penitenciario no pueda atender los problemas de salud de los represores antes de mandarlos a sus casas. Lo dijo tanto en los casos de Julio Fermoselle, Lucio Nast como de Eduardo Alfonso, el exsecretario general del Ejército condenado a prisión perpetua.
La decisión de la Casación llegó en la previa de la marcha del próximo domingo y entre versiones de que el gobierno podría otorgar alguna concesión a los represores presos en establecimientos penitenciarios –que, según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) ascienden a 153. Tanto Villarruel como Milei negaron la posibilidad de un indulto. Esta semana, hubo fallos de la Casación –firmados por Slokar– en los que se remarcó la imposibilidad de indultar crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, las versiones siguen corriendo. Carlos Pagni en La Nación publicó que el lunes Patricia Bullrich podría dar a conocer alguna disposición del Servicio Pentenciario Federal (SPF) que contribuya a la soltura de algunos de ellos. Por ahora, la justicia no se plegó a ninguna jugada que contribuya a la impunidad.
Por Luciana Bertoia
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