ARA San Juan: Macri escapa a la justicia
Le pidió al juez Ercolini que le levante los embargos. ARA San Juan: Mauricio Macri quiere dar por cerrado el capítulo judicial del espionaje. Pablo Lanusse, abogado del expresidente, dijo que lo habían “metido por la ventana” en la causa en la que se investigó cómo la AFI siguió, fotografió y recopiló información de los familiares que pedían saber qué había pasado con los 44 tripulantes del submarino.
Mauricio Macri quiere dar por cerrado el capítulo del espionaje a los familiares del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. El expresidente le pidió al juez federal Julián Ercolini que levante todas las medidas cautelares que pesan en su contra, lo que implicaría dejar sin efecto el embargo por 100 millones de pesos y la obligación de reportarse cada vez que sale al exterior.
El líder del PRO volvió a la escena pública esta semana con su participación en la cena de la Fundación Libertad, donde se estrechó en un abrazo con el presidente Javier Milei y se dispensó un trato distante con Patricia Bullrich. Lejos de esas luces, Macri se mueve para que las épocas en las que estuvo procesado por espiar a las familias de los 44 marinos queden en el pasado.
Su abogado, Pablo Lanusse, le pidió a Ercolini que levante las medidas cautelares en la causa que se inició en septiembre de 2020, cuando la entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció que la delegación Mar del Plata de la exSIDE había seguido y fotografiado a los parientes que reclamaban saber qué había pasado con los tripulantes del submarino de la Armada Argentina.
En diciembre de 2021, el juez federal Martín Bava –que subroga en Dolores– procesó a Macri. Entendió entonces que él posibilitó que la AFI espiara a los familiares y se nutrió de los insumos que los espías conseguían. Menos de 20 días después de que Bava dictara el procesamiento y el embargo de Macri, la Cámara Federal de Casación Penal le sacó todas las causas de espionaje que tramitaban en el juzgado de Dolores: la del ARA San Juan, la del llamado “Proyecto AMBA” y la que orbitaba alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.
En julio de 2022, la Cámara Federal porteña –con los votos de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia– revocó el procesamiento de Macri y dictó su sobreseimiento. Los camaristas no negaron que la AFI haya hecho tareas de inteligencia sobre personas que querían saber qué había pasado con sus familiares; las justificaron diciendo que estaba en riesgo la seguridad del Presidente y la seguridad interior.
Después de recusaciones varias, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal –integrada por Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma– validó por mayoría el sobreseimiento del exmandatario. Yacobucci llevó la voz cantante y dijo que los servicios de inteligencia deberían tener control de toda manifestación que rodee al Presidente. La jueza Ledesma, por el contrario, advirtió que sus colegas les estaban dando una carta blanca a los organismos de inteligencia.
Cinco meses después del fallo de Casación, Lanusse pidió a Ercolini que levante el embargo y las medidas restrictivas que pesan sobre Macri. El abogado resaltó que el Ministerio Público, “garante de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”, no había recurrido el fallo del máximo tribunal penal. Quien debió hacerlo era el fiscal Raúl Pleé, uno de los magistrados que visitó a Macri en Olivos cuando ocupaba la presidencia. En un descargo hecho ante la Procuración, Pleé explicó que, en ese momento, Macri le había pedido que no se jubilara. Pleé, uno de los pesos pesados de Comodoro Py, consintió la confirmación del sobreseimiento de Macri, Gustavo Arribas y compañía.
Para Lanusse, Macri fue “metido por la ventana” en la investigación por el espionaje a las familias del ARA San Juan. “El cese de la totalidad de las medidas cautelares que aquí se peticiona –patrimoniales y personales– deviene como una derivación legal y lógica del doble conforme que ya recibió la resolución definitiva dictada acertadamente en favor de mi ahijado procesal” escribió el abogado.
Ercolini ya le pidió al Ministerio Público –representado en esa instancia por Alejandra Mángano– que se pronuncie. Lo mismo hizo con las querellas.
Desde hacía tiempo, Macri había logrado que sus viajes quedaran reservados y que solo se enterara el juez del destino y de las fechas en las que se ausentaba del país. “A pesar de que la querella ignoraba cuál es el destino de cada viaje y el motivo, porque tramita en legajo reservado y de tratamiento exprés, Macri pretende ahora quitarse el peso de la ley de encima y pide la liberación total”, resume la abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de los submarinistas.
En los próximos días, Macri podría recibir noticias en otra de las causas en la que estuvo involucrado: la de la llamada mesa judicial, donde se investigaron presiones y aprietes a jueces y fiscales por parte de funcionarios de la primera línea del gobierno de Cambiemos. La Cámara Federal revisa, por estos días, los sobreseimientos que dictó a fin de año, entre gallos y medianoche, la jueza María Eugenia Capuchetti.
En ese expediente no solo está involucrado el expresidente Macri sino también su exministro de Justicia, Germán Garavano, y el operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que está prófugo desde diciembre de 2020 en Uruguay. Rodríguez Simón estaba siendo investigado por el fiscal Franco Picardi por haber liderado las maniobras para que la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó renunciara a su cargo, como reclamaba Macri desde antes de ganar las elecciones presidenciales de 2015. Cuando era claro que Picardi avanzaba en esa línea, Capuchetti le sacó la investigación que le había delegado y, al tiempo, la cerró.
Por Luciana Bertoia
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